El gobierno ya no puede escatimar su responsabilidad por las poco auspiciosas cifras económicas.
Cuando salió del poder el presidente Pedro Castillo –tras su fallido golpe de Estado–, se abrió una nueva ventana para reactivar la confianza nacional. El gobierno entrante, con Dina Boluarte a la cabeza, no despertaba mayor entusiasmo ni simpatías, pero era una mejora considerable comparada con su predecesor y una oportunidad para empezar a construir consensos políticos que permitiesen reencaminar al país. La encuesta de expectativas que recoge mensualmente el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) así lo sugería: luego del golpe a la confianza generado por las protestas de enero de este año, el indicador empezó a mejorar progresivamente.
Mes a mes, sin embargo, el gobierno ha ido dilapidando su oportunidad y la buena fe inicial. Es cierto que el 2023 hubiera sido difícil para cualquier administración (protestas violentas, impacto climático, condiciones monetarias apretadas, etc.), pero queda la percepción de que esta ha tenido un desempeño particularmente pobre. Las expectativas económicas que publica el BCR, en consonancia, han dejado de mejorar y, más bien, en la última medición disponible de finales de octubre regresaron a terrenos pesimistas cuando se proyecta el siguiente año.
En concreto, de los 12 indicadores de expectativas evaluados –como confianza en la economía, en el sector propio de cada empresa, disposición de contratación de personal, ánimos de invertir, entre otros–, 11 empeoraron el mes pasado. Y la base de partida era baja.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene ya mayor espacio para responsabilizar de la caída de la confianza a la administración anterior ni al clima. De acuerdo con la entrevista publicada ayer en este Diario a Waldo Mendoza, extitular del MEF, la situación económica se agrava con una presidenta de la República que no trasmite mayor liderazgo ni opiniones sobre los asuntos vitales para el país, y con la participación de un Congreso de la República especialmente dañino para los intereses nacionales. “La inestabilidad que todavía se respira está apagando las inversiones”, agregó Mendoza.
Este año, el país crecerá menos que el resto de la región –posiblemente con cifras negativas–, y varios analistas anticipan que la tasa de pobreza subirá. Lo que podría ser incluso más grave es que no hay expectativas realistas de que el próximo año vaya a ser un buen año. Las proyecciones a duras penas se aproximan al 2,5% de crecimiento del PBI para el 2024, y con sesgo a la baja. Así, el período de gracia política que se le concedió al gobierno al inicio parece justificadamente agotado.
La consecuencia inmediata es que la presidenta Boluarte requiere refrescar su Gabinete. Luego del chasco de Relaciones Exteriores con la inexistente cita bilateral entre la mandataria peruana y su homólogo estadounidense, explicado ayer en estas páginas, cancillería sería un espacio obvio de mejora. Ministerios relacionados con la actividad productiva, como Energía y Minas o Trabajo y Promoción del Empleo, necesitan reemplazo. Los titulares del MEF y de la Presidencia del Consejo de ministros no deben excluirse del análisis.
El tiempo juega en contra. El fenómeno de El Niño podría demandar un Gabinete cuajado capaz de responder sobre presión y de forma inmediata en los siguientes meses. Al mismo tiempo, la caída de las expectativas exige un cambio de rumbo antes de que el gobierno de la presidenta Boluarte quede inexorablemente ligado a una imagen de incompetencia y recesión económica.
Y, una vez asentada, esa imagen será imposible de revertir, con consecuencias aún más graves para el país durante el próximo año.
Fuente: Editorial El Comercio