Remiten al Poder Judicial el requerimiento contra el expresidente Castillo Terrones por los hechos del 7 de diciembre del 2022. También se incluye a exministros como Betssy Chávez y Aníbal Torres.
La fiscalía presentó su acusación penal contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones, por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y pidió una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
En la acusación, la fiscalía también pide también 25 años de prisión para la expresidenta del Consejo de ministros Betssy Chávez (quien se encuentra bajo prisión preventiva); y los extitulares del Interior Willy Huerta, y Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, actual congresista de Cambio Democrático.
En tanto, para Aníbal Torres, entonces asesor de la PCM, el Ministerio Público solicita una condena de 15 años de prisión. Todos ellos son acusados de rebelión.
De acuerdo con la fiscalía, fueron parte del plan para cerrar el Congreso ilegalmente e intervenir las entidades de justicia para instalar un gobierno de excepción, haciendo un llamado para ello a la Policía y las Fuerzas Armadas aprovechando que el presidente era su jefe supremo. El golpe no tuvo éxito: Pedro Castillo fue destituido y detenido en horas.
También se acusa a tres policías que supuestamente habrían seguido las órdenes para el golpe de estado: el general PNP Manuel Lozada Morales, al comandante Justo Jesús Venero Mellado y al teniente Eder Antonio Infanzón Chávez. Para ellos también se piden 25 años de prisión.
Nuestra fuente, informó en diciembre que, a poco más de un año del fallido golpe, la fiscalía ya había cerrado la investigación de este caso. También se indicó que el fiscal Uriel Terán había firmado la acusación poco antes de ser cesado al frente de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios.
Por entonces, todavía faltaba que la acusación sea enviada formalmente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del caso. Sin embargo, nuestra fuente confirmó que el mismo despacho fiscal, hoy bajo la dirección del fiscal Alcides Chinchay, ya cumplió con presentar el requerimiento al Poder Judicial.
Fuente: El Comercio