El presidente afirmó que se debe evaluar el planteamiento. Constitucionalistas señalan que la iniciativa no es viable
La pena de muerte para violadores de mujeres y menores de edad ha sido una propuesta recurrente en la política peruana reciente. Durante el anterior período legislativo, por ejemplo, hubo varias iniciativas coyunturales de integrantes del Congreso disuelto. En esta ocasión, sin embargo, quien puso el tema en agenda fue el presidente de la República, Martín Vizcarra. Lo hizo ayer, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, en declaraciones a la prensa tras inaugurar la feria Perú Produce Mujer 2020 en Los Olivos.
Consultado por TV Perú sobre si la pena capital sería disuasiva en los citados casos, señaló que no quería adelantar opinión, pero apuntó: “Hay que analizar todas las opciones que hay y veamos lo que realmente sea efectivo”. Además, refirió que se debe redoblar esfuerzos a favor de la protección de mujeres y niños.
Al insistírsele sobre el tema, el mandatario ratificó: “Hay que evaluarlo”. Añadió que se trata de un asunto normativo que debería pasar por el Congreso de la República, aunque acotó que “una medida no va a solucionar el problema”.
Propuesta inviable
Abogados constitucionalistas consultados por El Comercio señalaron la inviabilidad de la propuesta. Érika García Cobián explicó que primero se tendría que denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de la que el Perú es parte, y luego correspondería hacer una reforma constitucional.
El pacto señala que no se restablecerá la pena de muerte en países que la hayan abolido y que “tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”. En tanto, el artículo 140 de la Carta Magna contempla que “la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.
“Incluso sería inconstitucional […]. La supresión de derechos fundamentales, por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no puede ser siquiera un objeto de reforma constitucional. Es un límite que tenemos”, dijo García en torno a la vida como derecho fundamental.
Para el abogado Luciano López, la propuesta implicaría modificar el artículo 205 de la Constitución, que indica que, agotada la jurisdicción interna, los peruanos tienen derecho a acudir a la justicia supranacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “En el caso peruano, el procedimiento legal es complejo y el impacto político en las relaciones internacionales sería nefasto. Estaríamos colocándonos a la altura de Trinidad y Tobago y Venezuela [países latinoamericanos que denunciaron el tratado internacional]”, añadió.
A juicio de Elena Alvites, ampliar los delitos para la pena de muerte sería “salirnos de la órbita internacional. La tendencia no es ampliar lo supuesto, sino la abolición de la pena de muerte”. “Lo jurídico no es solo las normas, sino los principios que está a la base. Y los principios que están a la base de la protección de los derechos fundamentales o derechos humanos son los derechos de la vida. Y la vida no se entiende solo como un dato biológico, sino como un mínimo elemental de los seres humanos desde niños: educación, salud, atención, protección frente al abandono. Eso es lo que jurídicamente debería estar satisfecho”, acotó.
Los especialistas coincidieron en que la problemática no se ataca con mayores penas, sino con la atención de derechos más estructurales como la educación, salud o seguridad. Por tanto, sostuvieron que la pena de muerte para violadores de mujeres y niños no soluciona el problema de fondo.
Fuente: El Comercio