No es muy exagerado decir que cuando los limeños asistamos a las urnas este 2 de octubre, no elegiremos a una verdadera autoridad metropolitana, en el sentido estricto del término, sino más bien a un gerente de inversiones con muy limitadas o nulas competencias para abordar otras dimensiones críticas de la compleja problemática de una megalópolis.
Con el agravante que ese gerente-alcalde tiene escasos recursos, solo por el orden de 420 millones anuales en promedio, cuando el déficit de infraestructura de la capital bordea los 137 mil millones de soles, según el Plan Metropolitano 2040, aprobado recientemente por el Concejo Metropolitano.
Dicho de otra manera, el 2 de octubre, elegiremos en realidad a un alcalde capitalino que, si tiene todas las competencias tradicionales solo para dirigir el distrito del Cercado de Lima, pero con unas cuantas competencias sobre un territorio total que se acerca a los 3,000 Km2 de extensión. De hecho, el futuro alcalde electo no podrá dirigir una sola estrategia de seguridad ciudadana sobre los 42 distritos restantes; no tiene las competencias más importantes para el desarrollo económico, para promover empleo, gestionar la salud, la promoción del turismo, los programas sociales, vivienda, gestión de los residuos sólidos e implementar un programa de formalización. Esas funciones y competencias o las tiene el Poder Ejecutivo o están en manos de las municipalidades distritales. Cabe recordar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ya no tiene competencias para dirigir el transporte urbano o para realizar programas masivos de saneamiento físico legal o titulación de la propiedad informal.
Como ya se ha dicho hasta el hartazgo, eso se debe en gran medida a la atomización institucional de la ciudad dividida en 43 distritos y donde el Poder Ejecutivo, siempre mete sus narices como si fuera el verdadero alcalde de la capital. El centralismo en la sede del poder central y el funcionamiento de 42 autonomías municipales distritales, impide generar economías de escala, cadenas de valor de carácter transversal, economías circulares en la ciudad y procesos funcionales que integren los servicios públicos y las inversiones.
Por esta razón, el proceso actual de elección en la capital tiene mucho de una ilusión fantasiosa, que pronto se difuminará en el mes de enero del 2023. En gran parte, las ofertas electorales, muchas de ellas totalmente exageradas, quedarán solo como promesas, tan pronto el nuevo alcalde de Lima vuelva a la realidad de su empequeñecida autoridad, una de las más limitadas de la región latinoamericana. Pronto se volverá a la realidad de un alcalde que no podrá dirigir y ejecutar una estrategia de seguridad ciudadana, volviendo a la realidad de realizarla solo para el Cercado de Lima, más allá de algunas reuniones de coordinación con los 42 alcaldes y el Ministerio del Interior.
Podría existir la posibilidad de revertir esta situación, con el actual ordenamiento jurídico municipal, solo si se presentan dos condiciones: a) Que, el partido político del alcalde metropolitano ganador, el 2 de octubre, obtenga, además el triunfo en la gran mayoría de los 42 distritos, con lo cual podría uniformizar una sola estrategia gubernamental, sustentada además en la Asamblea Metropolitana de alcaldes. Para ello, el ganador de las elecciones tendría que obtener más del 45% de la votación, lo cual, es prácticamente imposible, en las actuales condiciones. b) Que, en un arranque de desprendimiento o vocación visionaria los 42 alcaldes distritales y el nuevo alcalde de Lima concreten políticas de gobierno municipal transversales a toda la ciudad. Por ejemplo, nada impide que de manera mancomunada todos constituyan el serenazgo metropolitano, como el germen de una policía local metropolitana, tal como en su momento lo hicieron las ciudades de Quito, Bogotá o Nueva York. También podrían acordar la creación de un solo sistema metropolitano de gestión de residuos sólidos, el cual sería altamente rentable y sostenible o sentar las bases de una ciudad digital, vía el Smart City, con un solo sistema de conectividad, transversal a los 43 distritos de la capital. Sin embargo, con la precariedad de los partidos políticos, que se den esas dos condiciones es como pedir peras al olmo.
Otro escenario favorable que podría presentarse es que, habiendo escuchado de boca de por lo menos 6 candidatos a la alcaldía de Lima, la nueva autoridad electa demande al Poder Ejecutivo, con todo derecho, de conformidad con las leyes de descentralización la transferencia de la totalidad de las 185 funciones que deberían ser transferidas a la MML. En ese caso, se podría ingresar una fase de transición gradual donde la comuna metropolitana, ejercería realmente las competencias de región para pasar a dirigir la salud, la educación, el turismo, promoción del desarrollo económico, gestión de riesgo, ordenamiento territorial, entre muchas más. Pero, eso implicaría que la nueva autoridad electa y el Concejo Metropolitano, en dialogo con el gobierno nacional implemente un proceso de reingeniería institucional, entre otras cosas aprobando un estatuto de la ciudad, algo que la ley municipal obliga pero que hasta ahora los ex alcaldes, Castañeda, Susana Villarán, Jorge Muñoz y el actual, nunca han querido aprobar, como si les temblara mano para realmente asumir competencias propias de un gobernador regional.
Algo preocupante, en la actual campaña electoral en Lima, es el desfase entre la sobreoferta de propuestas en materia de seguridad ciudadana, programas sociales y económicos; con la casi nula propuesta de cambios institucionales en la forma de gobernar y administrar la comuna metropolitana, así como ordenar territorialmente la gestión urbana de la ciudad. Es un claro indicador que todos los candidatos, sin excepción, no son conscientes de que el problema principal de la ciudad es el agotamiento de un modelo institucional, administrativo y de representación de la capital. En este contexto, cualquiera sea el ganador al sillón de la comuna metropolitana no podrá implementar su plan de gobierno, por el hecho que la situación institucional de la MML no lo permite.
Los propios instrumentos de planeamiento que la actual gestión metropolitana deja a la siguiente autoridad, tampoco ayudan a resolver este limitado poder de gestión que tiene la autoridad metropolitana. El reciente Plan Metropolitano al 2040 (PlanMet2040) aprobado, si bien propone innovadoras y valiosas herramientas directrices de planeamiento, repite casi el mismo enfoque institucional del Plan Regional Metropolitano aprobado en la gestión de Susana Villarán, en ámbito institucional. Desde la propia iniciativa del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) se insiste en enfocar el planeamiento, como si Lima Metropolitana fuera una jurisdicción provincial, cuando las propias normas de ordenamiento territorial a nivel nacional, señaladas por la Presidencia del Consejo de ministros, señalan que la capital es una “región metropolitana”. En sentido figurado, el PlanMet2040, al proponer ambiciosas estrategias de planeamiento urbano e incluso a nivel de inversiones con una institucionalidad débil y mono céntrica, se emparenta como si alguien pretendiera poner en funcionamiento un moderno bus para 80 pasajeros, pero con un motor de una potencia de un Tico.
Es curioso que, en el Capítulo sobre Gobernanza, Gestión y Administración del referido plan, el PlanMet2040, ni siquiera se haya referido a la propuesta de creación de la “Alcaldía Mayor” que el Concejo aprobó como proyecto de Ley presentado al Congreso de la República. Debe ser porque a los propios especialistas del IMP y a las diversas mesas de consulta y de diálogos ciudadanos, esa propuesta no les pareció coherente. Todo parece indicar que esa iniciativa legislativa ya quedo en el olvido, lo cual, pone en evidencia que ni en la actual gestión que pronto culminara su labor, ni en el enfoque de todos los candidatos que postulan al sillón municipal metropolitano, exista una propuesta integral, sobre cómo abordar una reforma institucional que empodere como se merece el gobierno de la ciudad.
Por tanto, ya veremos como en las primeras semanas y meses del 2023, la nueva autoridad metropolitana electa, será solo un alcalde, con capacidad de realizar proyectos de inversión de mediana envergadura, casi reducido al Cercado de Lima, atado de manos si pretende asumir otras competencias. Salvo que el nuevo alcalde se ponga los pantalones largos y ejerza realmente las funciones de un gobernador regional, exigiendo al Ejecutivo las competencias que realmente le corresponde por ley.
Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista