La Fiscalía de la Nación y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) alertaron que las recientes normas aprobadas y que están en debate en el Congreso representan serias limitaciones para sancionar eficazmente a los responsables de la minería ilegal, tráfico de flora y fauna silvestre y otras afectaciones ambientales.
El fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las FEMA, advirtió así que la minería ilegal genera pérdidas superiores a 22 mil millones de soles anuales, equivalentes al 2.5 % del PBI, y está directamente vinculada con el crimen organizado, trata de personas, corrupción y lavado de activos a nivel nacional.
Vacíos legales favorecen a la minería ilegal
En este sentido, existen vacíos legales que favorecen a la minería ilegal como las prórrogas constantes del Reinfo, la Ley MAPE, que plantea un nuevo registro paralelo sin plazos ni exigencias legales para las actividades informales.
Asimismo, las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado que dejan a la minería ilegal, su financiamiento y a la contaminación ambiental fuera de su alcance por tener penas menores a cinco años; los cambios en la Ley de Extinción de Dominio, la falta de registro obligatorio de maquinaria pesada, entre otros.
Minería ilegal transporta, transforma y comercializa 7 veces más que el narcotráfico
Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, sostuvo además que la minería ilegal transporta, transforma y comercializa siete veces más recursos económicos que el narcotráfico.
También indicó que, pese a las dificultades presupuestales que atraviesa la institución, “el Ministerio Público seguirá trabajando con autonomía, perseverancia y objetividad respetando el derecho de las personas y aplicando la ley y la Constitución como corresponde. Esa es nuestra misión”.
Logros fiscales
En este contexto, cabe precisar, las FEMA informaron en conferencia de prensa que se consiguió 1,091 sentencias condenatorias en 2024 y 232 entre enero y mayo de 2025.
Además, se logró 19 medidas de prisión preventiva en 2024, y 15 este año 2025 por delitos como minería ilegal agravada, tráfico de insumos y fauna silvestre, entre otros. Del mismo modo, el año pasado se destruyó 1698 campamentos, 224 maquinarias pesadas, 2108 motores, 368 dragas y 25 mil m³ de madera extraída ilegalmente.
En este año, por otra parte, se destruyó 39 pozas de cianuración, 21 minidumpers, 7 bocaminas, más de 30 mil galones de combustible y materiales de procesamiento aurífero.
Víctor Cubas Gonzales, vocero de la Fiscalía de la Nación, remarcó que la minería ilegal es el delito que más afecta la economía nacional y el medio ambiente, siendo Condorcanqui, Madre de Dios y Tambopata las zonas más golpeadas por este flagelo en el Perú.
Es necesario mayores presupuestos
A lo largo de este balance, por último, se subrayó la urgencia de contar con mayor presupuesto y fortalecimiento institucional para cumplir adecuadamente con las funciones asignadas.
Fuente: Andina