Se archivó las acusaciones constitucionales contra los 4 legisladores denunciados.
El pleno del Congreso de la República rechazó el informe final de la Denuncia Constitucional N° 300 por el caso «Los Niños», en el cual se acusó a cuatro legisladores de la bancada Acción Popular por el presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias.
Las votaciones se efectuaron de forma independiente contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Luis Flores Ancachi.
En los cuatro casos, la Representación Nacional desestimó las acusaciones constitucionales de los parlamentarios.
Los votos fueron de la siguiente manera:
Raúl Doroteo
37 a favor
44 en contra
4 abstenciones
Darwin Espinoza
37 a favor
43 en contra
5 abstenciones
Jorge Luis Flores Ancachi
38 a favor
43 en contra
6 abstenciones
Elvis Vergara
39 a favor
42 en contra
5 abstenciones
La denuncia constitucional fue presentada inicialmente por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), quien acusó a Doroteo, Espinoza, Vergara, Flores, así como a Ilich López y Juan Carlos Mori de formar parte de una presunta organización criminal.
Sin embargo, el informe final propuso acusar solo a los cuatro parlamentarios referidos. Asimismo, se recomendó la suspensión de los parlamentarios por la duración del proceso penal, quienes podrán ser reincorporados en caso sean absueltos.
A los legisladores se les acusa de haber ejercido funciones parlamentarias que pudieran ser de apoyo al gobierno del ex presidente Pedro Castillo a cambio de favores.
Cuestión de orden
Durante el debate del informe final, algunos congresistas exigieron que María del Carmen Alva y Karol Paredes, miembros de la Comisión Permanente y también integrantes de Acción Popular, no formen parte de la votación de la denuncia.
Sin embargo, se presentó una cuestión de orden para que los integrantes del pleno en su conjunto puedan participar con su voto. La solicitud fue aprobada con 55 votos a favor, 54 en contra y 0 abstenciones.
Adicionalmente, se presentó una reconsideración a la votación que alcanzó 62 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención. Al no haber alcanzado los 66 votos requeridos, el pedido fue desestimado.
Tras ello, se presentó una cuestión de orden más para establecer el número de integrantes de la Comisión Permanente para la presente sesión, con el objetivo de definir la cantidad de votos necesarios para aprobar las conclusiones del informe final. Dicha moción fue aprobada con 64 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención.
En ese sentido, se definió en 29 la cantidad de integrantes de la Permanente. Según reglamento del Congreso, se requiere de la mitad más uno del número de congresistas para dar por aprobado el informe. José Williams precisó que se necesitaban 52 votos.
Cuestión previa
La parlamentaria Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), solicitó el pedido a fin de que el informe pueda ser evaluado con mayor amplitud con las nuevas pruebas provistas por la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, la solicitud fue rechazada con 49 votos a favor, 57 abstenciones y 2 abstenciones.
Sesión reservada
Cerca a las 20:00 horas, la sesión del Pleno pasó a ser reservada a pedido de la congresista Camones para dar a conocer el contenido de una carpeta fiscal que contiene información sobre el referido caso y que incluye nuevas pruebas.
«La Fiscalía no envió la carpeta fiscal antes de que nosotros culmináramos con el informe final. Llegó esta carpeta fiscal dos o tres días después, cuando ya estaba votado [el informe]. Obviamente dentro de esa carpeta fiscal están las pruebas que muchos de los colegas exigen el día de hoy», explicó.
Fuente: Andina