“El gobierno de Dina Boluarte se colgó de la narrativa de la inseguridad ciudadana para lanzar fuegos artificiales en su gris administración, pero resultó ser sebo de culebra”.
Como si coleccionar fracasos fuera un ‘hobby’, el gobierno de Dina Boluarte acaba de lograr uno nuevo. El lunes, la Comisión de Defensa del Congreso mandó al archivo –casi de manera unánime– el proyecto de ley promovido por el Ejecutivo para la creación de la policía de orden y seguridad.
Como recordamos, esta iniciativa fue anunciada por la presidenta en su mensaje de 28 de julio y representaba uno de los pilares del llamado plan Boluarte para luchar contra la inseguridad ciudadana, un plan que –queda claro– carecía de sustancia y estrategia.
Los miembros de dicha comisión legislativa han tildado de populista y peligroso el proyecto y no se equivocan. En ese sentido fueron las primeras críticas apenas se dio a conocer detalles de este. Captar un amplio número de miembros para esta nueva categoría, paralela a la institución policial, sin mayor formación profesional y denigrando la carrera, no era una buena idea.
Pero la historia reciente de medidas para menguar la delincuencia está llena de ideas que parecen ser brillantes e inequívocas solo en las mentes de sus creadores. La lista de autoridades que, sin mayor análisis del marco constitucional, sueltan a boca de jarro soluciones disparatadas para acabar con la delincuencia es bastante larga.
Hace cinco años, el excongresista de APP Edwin Donayre –hoy preso por corrupción– proponía, ante la risa de los periodistas, un toque de queda para menores de edad. Por entonces, el fujimorista Clayton Galván propuso prohibir que dos personas vayan en motos lineales. El año pasado el Consejo de ministros, liderado por Aníbal Torres, envió un proyecto de ley en el mismo sentido. Torres, además de vapulear públicamente a la policía, también intentó armar a los serenos como mágica solución para el delito común. Vale precisar que esas propuestas quedaron congeladas en el tiempo.
Una de las últimas ideas que pretenden ocupar nuestra atención es la colocación de detectores de armas en restaurantes y otros lugares públicos. La iniciativa propuesta por el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, surgió como respuesta a las lamentables muertes que aún se investigan en un restaurante del distrito. Sin embargo, se trata de otra medida que carga la responsabilidad al privado cuando la incapacidad es del Estado (¿quién colocará esos arcos detectores de armas?). Además, es un debate inocuo que distrae de lo que sucede en ese y otros distritos: los imparables robos al paso con arma en mano.
Probablemente sigamos escuchando más propuestas en los próximos días que concitarán la discusión pública por algunas semanas, pero luego quedarán dormidas en el olvido de las “grandes ideas que no se ejecutaron porque no tenían sentido”. O, peor aún, se ejecutarán sin resultado alguno como el dichoso estado de emergencia. Convengamos que, por más popular que fue en su momento y por más demandado que fue por algunos alcaldes, una vez más, este ha sido inútil. Las páginas policiales diarias dan cuenta de ello.
El gobierno de Dina Boluarte se colgó de la narrativa de la inseguridad ciudadana para lanzar fuegos artificiales en su gris administración, pero resultó ser sebo de culebra. Veremos si la presentación del ministro del Interior, Vicente Romero, ayer en el Congreso convenció a la representación nacional que en la víspera había hablado de una posible censura. Un nuevo flanco débil en el tembleque gobierno de la dupla Boluarte-Otárola.
Fuente: El Comercio – Mabel Huertas periodista