“Nosotros en Puente Piedra ya usamos gas pimienta, ya usamos chalecos antibalas. Los congresistas están desconectados de la realidad. ¿Qué les pasa? Nos quieren tomar el pelo, no han aprobado nada nuevo”, aseveró Rennán Espinoza Rosales, alcalde de Puente Piedra.
El Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que autoriza el uso de armas no letales por parte de los agentes del serenazgo a fin de disminuir los actos delictivos en el país. Sin embargo, esta medida ha traído posiciones divididas entre los alcaldes de diversos distritos de Lima Metropolitana. ¿Qué dicen al respecto las autoridades edilicias?
Alcalde de Puente Piedra
Para el burgomaestre de Puente Piedra, Renán Espinoza, lo que el Congreso ha aprobado es una medida populista mal hecha.
“Nosotros en Puente Piedra ya usamos gas pimienta, ya usamos chalecos antibalas. Los congresistas están desconectados de la realidad. ¿Qué les pasa? Nos quieren tomar el pelo, no han aprobado nada nuevo”, aseveró.
Además, el burgomaestre y presidente de la mancomunidad municipal Lima Norte, señaló que la Policía Nacional no cuenta con los recursos tecnológicos suficientes para combatir la delincuencia.
“El avance tecnológico que tiene la Policía es de la época de las carretas, no tenemos base de datos de rostros de reconocimiento facial, a las justas tenemos de huellas dactilares. La escuela de suboficiales que está en Puente Piedra no tiene polígonos de tiro, no tiene ni municiones para practicar. El Ejecutivo debe dar mayor presupuesto a la Policía”, apuntó.
Alcalde del Rímac
El alcalde del Rímac, Néstor De la Rosa, dijo estar de acuerdo con la mencionada ley debido a que la delincuencia se ha desbordado por lo que es importante proteger a los miembros del serenazgo con estos artefactos que sirven de escudo ante la agresividad criminal que se vive en estos últimos tiempos en el Perú.
Detalló que su distrito solo cuenta con 4 patrulleros y 200 serenos para cuidar a los 220 mil habitantes que alberga su jurisdicción.
De la Rosa, contó que en breve presentará una iniciativa al Congreso de la República referida a la compra de chalecos antibalas a nivel corporativo lo que reduciría los costos de adquisición en beneficio de las diferentes municipalidades.
Fuente: Andina