Congresista de Belaunde advirtió que no se puede afectar un contrato de concesión, debido a una jurisprudencia que no permite este tipo de medidas que abre las puertas para que el estado sea demandado ante el CIADI
El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley por el cual se suspende el cobro de peajes en la red vial nacional departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia nacional declarada a causa del brote del COVID-19.
La primera votación fue de 99 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones, y fue exonerada del trámite de segunda votación, por 100 votos a favor, 9 abstenciones, cero en contra.
Proyecto de iniciativa multipartidaria
El Proyecto de Ley (PL) 4985 fue una iniciativa multipartidaria que, en su artículo único, suspende dicho cobro “con el objeto de evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo ante los riesgos de propagación del COVID-19”.
El congresista Fernández Chacón, de la bancada de Frente Amplio, advirtió que los promotores de los peajes los exalcaldes Castañeda y Villarán, actualmente se encuentran presos agregando que los contratos de concesión, nacidos de la corrupción no tienen validez.
Suspensión temporal del peaje es una medida excepcional
El congresista Rennán Espinoza Rosales (Somos Perú), sostuvo que el eje central es una suspensión temporal y excepcional “por el grave riesgo sanitario que se expone al personal y a los transportistas debido al contacto con el dinero”, y subrayó que la suspensión “no causará ni generará derecho compensatorio”.
Por su lado, el congresista Robinson Gupioc de Podemos Perú, calificó las concesiones de los peajes como corruptas y sin sensibilidad humana, agregando que en los contratos de concesiones debe prevalecer el interés ciudadano antes que el privado.
No se puede afectar un contrato de concesión
Previamente, el congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado) hizo hincapié en la importancia de que se debata si es que “nosotros (el Congreso) podemos afectar un contrato de concesión”, debido, fundamentalmente, a la existencia de una jurisprudencia que no permite este tipo de medidas, ya que lo que se va a lograr es que estas empresas concesionarias nos denuncien ante el CIADI.
Las consecuencias
De Belaunde indicó que no dudaba de la buena intención de la medida. “El problema está en cuáles son las consecuencias de esta norma. Debatamos si el Congreso puede suspender un contrato, y si a futuro se firman nuevos contratos, que estos aborden estas situaciones de emergencia. Dinero que necesitamos para la salud, podría ir a parar a manos de estas empresas”.
Fuera de juego
En el debate hubo importantes intervenciones de los congresistas que dieron luces para la votación final.