El presidente del Consejo Privado de Competitividad escribe acerca del estado de la trinidad fiscal, que en el Perú se traduce en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y, el Consejo Fiscal.
La reciente negativa del Ejecutivo de confirmar al exministro de Economía Carlos Oliva en la continuidad de la presidencia del Consejo Fiscal (CF), se constituye en una muestra más de la debilidad del gobierno que arrastra con ella lo poco de institucionalidad económica construida en el país. Se sabe que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había llevado a la presidenta Boluarte su decisión de confirmar a Oliva en el cargo, sin embargo, es ella la que finalmente muestra su negativa por razones de interés política, en el contexto de actual de debilidad de su gestión.
Lo señalado, sin duda, se constituye en una pésima señal que se acumula a una fila de desaciertos en el campo de la institucionalidad fiscal. De acuerdo con la literatura, está se construye a partir de lo que se denomina como “trinidad fiscal” que en el Perú se traduce en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y, el Consejo Fiscal.
Esta trinidad ha venido siendo destruida de manera continua en los últimos dos años.
Recordemos primero las duras críticas que experimentaron las irreales proyecciones macroeconómicas contenidas en el MMM y en sus revisiones que pronosticaban escenarios sobre optimistas en el 2023, y que el Ejecutivo se obstinó en mantener a pesar de que el escenario de recesión económica ya estaba presente en el país.
La segunda pieza de esta trinidad también ha sido rota el 2023 con el incumplimiento de la regla fiscal de déficit, con un amplio desvío de 2,8% del PBI frente al objetivo de 2,4% del PBI. Para este 2024 el MEF ha adelantado que también incumplirán este compromiso.
Este anuncio de incumplimiento consecutivo, que era ya una situación delicada, y que debía manejarse con mucha delicadeza para no deteriorar las expectativas de los agentes económicos y clasificadoras de riesgo, se ve ahora agravada por la no ratificación de Carlos Oliva en la presidencia del CF.
Es cierto que el Ejecutivo tiene la potestad legal de decidir si aceptar o no la terna propuesta, no obstante, como sabemos, en los temas de construcción de institucionalidad, no es sólo lo legal lo que importa sino lo que es legítimo, que al final se constituye en las señales reales que se desea emitir al mercado.
Así, si alguien estaba haciendo bien las cosas como Carlos Oliva y se había constituido en una pieza central de la confianza frente a un Ejecutivo y Congreso que levantan serias dudas en el manejo responsable de la economía, la señal correcta era mantenerlo. Craso error del gobierno que ojalá no marque el derrotero de otro año horrible.
Fuente: El Comercio – David Tuesta presidente del Consejo Privado de Competitividad