Fortalecimiento del marco normativo ha llevado a las compañías a profesionalizar su gestión tributaria.
Ante un entorno tributario cada vez más exigente y regulado, las empresas peruanas vienen fortaleciendo sus estrategias fiscales con el respaldo de firmas especializadas.
“Hoy más que nunca, las empresas necesitan una estrategia fiscal sólida. El cumplimiento tributario ya no es solo una obligación, sino una herramienta clave para generar valor, seguridad jurídica y sostenibilidad a largo plazo”, explica Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group.
En el Perú, aproximadamente el 30 % de los grupos económicos están sujetos a la normativa de precios de transferencia, lo que representa cerca del 60 % de la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) empresarial. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha endurecido los controles y puede aplicar sanciones de hasta el 0.6 % de la renta neta en caso de incumplimiento, con multas que pueden alcanzar las 25 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, más de 110,000 soles.
Además, el dinamismo del mercado, especialmente en operaciones de fusiones, adquisiciones y expansión internacional, ha incrementado la necesidad de asesoría especializada. Según cifras del sector, el volumen de operaciones de fusiones y adquisiciones en el Perú creció un 25 % en 2023, lo que implica una mayor complejidad en la gestión fiscal y financiera de las empresas involucradas.
La capacidad de anticiparse, documentar correctamente y alinear la estrategia fiscal con el crecimiento de la empresa es hoy una ventaja competitiva real. En este escenario, resulta clave que los líderes empresariales reconozcan que la planificación tributaria ya no es un tema secundario, sino parte esencial de la sostenibilidad y el éxito.
“No se trata solo de cumplir, sino de entender el impacto de cada decisión fiscal en el presente y el futuro del negocio. La invitación es a mirar la tributación como parte integral de la estrategia empresarial, y no como una respuesta tardía ante una exigencia del regulador”, concluye Vargas Alencastre.
Fuente: Andina