“Los parlamentarios y el Gobierno han permitido que una ley con tanta opacidad pase todos los controles y que nadie diga nada”.
Nuestros pobres congresistas y nuestro Gobierno quizá han sido otra vez obligados por la sociedad informal peruana lumpen a abrirle más rendijas a las economías ilegales al aprobar las modificaciones al financiamiento privado y público de los partidos. Quizá son solo unas pobres almas en desgracia, víctimas de esta descomposición social donde el crimen organizado avanza sin descanso. O, quizá están obrando con pleno conocimiento del perjuicio que están causando. Por supuesto que los parlamentarios van a contarnos una fábula descarada en la que la Ley 32254 que acaba de ser promulgada tras no ser observada por el Ejecutivo –para conservar la costumbre de no observar nada que sea lesivo contra el interés público– es una buena ley, y que encima combate el crimen organizado. ‘Spoiler alert’: no la es.
En principio, financiar partidos políticos de modo transparente no es un problema. Pero no poner requisitos a una empresa de permanencia de tiempo de montos de donación en relación con su facturación, es como la inspección de esos guardias de seguridad de estadio que te cachean sin siquiera tocarte la ropa: inservible. Además, se ha aprobado que los aportes pueden ser confidenciales, es decir preservando el anonimato del aportante siempre que se haga mediante el Banco de la Nación quien registrará el nombre y mantendrá la confidencialidad. Nuestros parlamentarios creen que las economías ilegales le van a temer a usar el Banco de la Nación, imagínense, los criminales deben estar aterrorizados.
Las economías ilegales podrían hacer su aporte de hasta casi un millón de soles –con la modificación a la ley– a través de una empresa que se puede haber constituido hace unas semanas. Nadie imagina que van a registrar su aporte en un recibo con su auténtica profesión, algo como “Los capos del oro ilegal SAC”.
Supongo que cuando llegue el dinero al ventanillero del Banco de la Nación, todos nos sentiremos aliviados porque el aportante ya llenó su formulario declarando que sus fondos son totalmente lícitos. Y si todos eso filtros fallan, la ley nos dice que luego es el problema de la ONPE y SBS. Todos debemos estar intranquilos porque hasta el momento las sanciones económicas a los partidos han sido irrisorias y muchas de ellas han sido indultadas.
En el Perú el dinero hacia los partidos políticos siempre ha fluido y los aportes han llegado de una manera u otra, sin importar las limitaciones de la ley, los partidos siempre han diseñado mecanismos de financiamiento que esquiven la ley. El más conocido fue el pitufeo. Los políticos nunca vieron en las prohibiciones limitaciones, solo hicieron lo que los peruanos hacen con la ley, se pusieron creativos. Los parlamentarios y el Gobierno han permitido que una ley con tanta opacidad pase todos los controles y que nadie diga nada. Eso sí, con la modificación ahora los partidos políticos y sus directivos podrán pagarles a sus abogados y comprarse inmuebles con dinero de todos los peruanos. Porque en el Perú, para nuestros otorongos siempre habrá plata como cancha.
Fuente: El Comercio – Gonzalo Banda es Analista político