Iniciativa tendrá como base la lucha frontal contra la corrupción y el destrabe de obras
El titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció durante conferencia de prensa que el Consejo de ministros, aprobó un proyecto de ley que propone una nueva Ley de contrataciones del Estado.
«Se ha aprobado el texto de una norma que va a marcar un antes y un después en el contexto de las adquisiciones del Estado», aseguró el premier Otárola.
Al respecto refirió que el proyecto de ley es pionero ya que busca maximizar el uso de los recursos en las contrataciones que realiza el Estado.
«El Consejo de ministros ha aprobado el proyecto de ley de la nueva Ley de contrataciones del Estado. Esta es una norma pionera pues va a maximizar el uso de los recursos en las contrataciones de bienes, servicios y obras», remarcó.
Asimismo, señaló que dicha iniciativa tiene como base la lucha frontal contra la corrupción, ello debido a los altos índices de corrupción dentro de las entidades estatales además del gran número de funcionarios que se encuentran procesados.
«En la época del Covid ha existido más de 1,356 casos de funcionarios que en estos momentos están siendo procesados por peculado, colusión, negociación incompatible, entre otras cosas, por un inadecuado uso de esta ley o por la falta de enfoque de prevención de corrupción y la ley vigente», añadió Otárola.
Además, se considera también el destrabe de obras, acción necesaria para contribuir al desarrollo de las diferentes regiones donde existen obras que, por diversos motivos, aún no se han hecho realidad.
Añadió que dentro de las reformas planteadas se considera establecer contratos estandarizados y procesos más sencillos a fin de lograr la optimización de las obras.
«Se incorpora contratos estandarizados de ingeniería y de construcción con la experiencia internacional. Esta norma asimismo establece procedimientos de selección sencillos», informó.
Finalmente, señaló que también se dispondrá de mayores impedimentos para que aquellos sancionados por corrupción no accedan a las contrataciones que realiza el Estado.
«Se amplían los impedimentos de los sancionados por corrupción y se establece el pacto de integridad en las contrataciones. Además, los procesos de contratación serán más cortos y eficientes», resaltó.
Fuente: Andina