Invoca a congresistas a una reunión para analizar la autógrafa de ley que suspende pago de peajes.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) señaló que la autógrafa de ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia es inconstitucional porque no permite una posterior compensación para el concesionario, el cual debe seguir costeando la operación y mantenimiento de la carretera.
“El último párrafo del proyecto de ley (que ayer fue observado por el Poder Ejecutivo y que busca aprobarse por insistencia en el Congreso) señala que no se permitirá ningún tipo de compensación, entonces me imagino que lo primero que harán es solicitar la inconstitucionalidad”, dijo la presidenta del OSITRAN, Verónica Zambrano, a nuestra fuente.
“Si los congresistas quieren decidir que no se pague los peajes por la situación de la pandemia, luego que permitan que el mismo concesionario diga como logra una compensación a través de la misma fórmula del contrato, que puede ser un mayor número de años de concesión o ya se verá la forma”, agregó.
Verónica Zambrano indicó que la iniciativa legislativa del Congreso para suspender el pago del peaje solo afectará a seis concesiones autofinanciadas, porque para las 10 concesiones cofinanciadas y todas las demás carreteras que están administradas por Provias Nacional ya se suspendieron los cobros del peaje desde la primera semana de abril por decisión del Gobierno.
“Estamos preocupados y queremos tener un tipo de reunión virtual con los congresistas antes de que se apruebe esa norma porque para nosotros, como Estado, será perjudicial y generará una serie de inconvenientes para los concesionarios y los usuarios”, afirmó.
“El Congreso podría decidir que no se paguen los peajes, pero deberían dejar que algunos mecanismos del contrato logren un ajuste, pero si el Parlamento dice que no se generará ninguna compensación, lo que está diciendo al concesionario es que tienen que asumir todo el costo del servicio de tránsito por la carretera sin derecho a reclamar, y eso es inconstitucional”, añadió.
La funcionaria explicó que el peaje es una tarifa fijada a través de fórmulas contractuales y que tienen relación con las inversiones de los concesionarios, y no va directo al bolsillo de la empresa.
“Todos esos trabajos de mantenimiento y mejoras de la carretera son los que responden al pago del peaje”, manifestó.
Fuente: Andina