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Ministerio Público: Equipo Especial Lava Jato presentó acusación penal por caso Árbitros.

El Equipo Especial Lava Jato formuló acusación penal contra Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, por conformar una presunta organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015.

De acuerdo con la acusación, formulada por la fiscal Diana Liz Canchihuamán Castañeda, se trata de un modus operandi que fue replicado en 17 procesos arbitrales, donde se direccionaron los arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos, según la acusación.

Penas hasta por 25 años

La representante del Ministerio Público ha solicitado penas de prisión efectiva que van desde nueve años hasta 25 años y cuatro meses, por delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.

Los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas. Estas son la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, la carretera Interoceánica Norte (IIRSA Norte), la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

En ellas, el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros solicitaba el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje.

17 procesos arbitrales

De acuerdo con la acusación, se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña, previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros.

Se precisa también que, luego de obtenerse los beneficios económicos, estos eran convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción.

El caso constituye la acusación número 27 que presenta el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial, para el respectivo control de legalidad.

Fuente: Andina

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