Con una presidenta que decide continuar su viaje a Suiza y hacer reuniones virtuales con sus ministros en medio de una ola de criminalidad, vamos camino de convertirnos en una anarquía.
El lunes 20 de enero será recordado como un día nefasto para el Perú. Al norte, en Trujillo, delincuentes atentaron contra la sede del Ministerio Público y horas después un explosivo detonó en una vivienda. Mientras que, al sur, en Ica, un periodista fue asesinado en la puerta de su casa.
El primer atentado nos demuestra que los delincuentes ya no solo atacan comercios, viviendas o buses de transporte público, sino que ahora también atentan contra el Estado y, lamentablemente, el Estado no sabe cómo responder. Tras ello, el Gobierno anunció una serie de medidas que más parecían una lista de lavandería que acciones reales y efectivas para combatir este grave problema que no ha hecho más que escalar, a niveles francamente preocupantes, en los últimos 12 meses.
El segundo ataque, a una vivienda, coincidió con la visita de las autoridades del Gobierno a La Libertad. El mensaje es claro: estas autoridades no tienen autoridad y los delincuentes se sienten impunes.
Si bien el ministro del Interior Juan José Santivañez, reconoció días atrás que el Perú vive una ola criminal nunca antes vista y el jefe del Gabinete Gustavo Adrianzén dijo que la delincuencia ha desbordado el control policial, ninguno de los dos parece tener claro qué hacer. Lo único que sí parece claro, a estas alturas, es la permanencia de ambos en el Gabinete.
Al sur del país, la situación no cambia en absoluto. El asesinato del periodista Gastón Medina es gravísimo. Él era crítico con la gestión regional y municipal, y exponía las actividades de grupos de extorsionadores. Ya había recibido amenazas y la muerte lo alcanzó por cumplir su trabajo, por lo que este asesinato nos podría estar alertando del inicio de una escalada de violencia aún mayor.
El crimen está buscando callar al que investiga y denuncia, y solo esta semana tenemos dos ejemplos de ello. Las autoridades no están entendiendo la dimensión real de lo que está ocurriendo en el país. Con una presidenta que opta por continuar su viaje a Suiza y hacer reuniones virtuales con sus ministros, vamos camino de convertirnos en una anarquía.
Las organizaciones criminales representan una grave amenaza para la democracia de los países. Basta solo con mirar a México o Ecuador. Si nuestras autoridades no son capaces de hacer frente a este problema y cumplir con su rol de otorgar seguridad a la ciudadanía, es esa misma ciudadanía, a través del empresariado, los gremios, los sindicatos y demás, la que debe exigir que cumplan con su trabajo o den un paso al costado. No podemos seguir pagando el alto costo de la criminalidad. Frenen esto de una buena vez o perderemos el control del país.
Fuente: El Comercio – Tatiana Alemán es periodista