En medio del caos y la devastación que ha dejado el reciente incendio en el Cercado de Lima, una imagen ha emergido como símbolo de esperanza: la del Señor del Santuario del Convento de Santa Catalina, quien, a pesar de las intensas llamas, salió ileso, sostenido por los bomberos que arriesgaron sus vidas para salvar tanto lo material como lo espiritual. Esta imagen de fe ha tocado el corazón de muchos y es un recordatorio de la resiliencia de la comunidad en tiempos de adversidad.
El siniestro, ocurrido en una zona conocida por su densidad poblacional y su vulnerabilidad a los incendios, ha puesto en evidencia una grave problemática: la falta de fiscalización por parte de las autoridades municipales. A pesar de que el edificio afectado contaba con los permisos de Defensa Civil para funcionar como un inmueble de hasta cuatro pisos, el incendio se originó en un quinto piso que claramente no estaba autorizado, lo que indica una omisión en la supervisión posterior a la emisión de los permisos.
Esta falta de fiscalización posterior es alarmante y nos recuerda tragedias pasadas, como la ocurrida el 29 de diciembre de 2001 en la zona comercial de Mesa Redonda. En ese entonces, un incendio devastador cobró la vida de 277 personas y dejó a 247 heridas. El siniestro se originó debido a la explosión de un artefacto pirotécnico presentado por un vendedor informal.
La tragedia de Mesa Redonda expuso la vulnerabilidad de las zonas comerciales informales y la falta de control en la venta y almacenamiento de productos pirotécnicos. A pesar de las lecciones aprendidas, incidentes similares han ocurrido en años posteriores, evidenciando la persistente falta de fiscalización y control por parte de las autoridades competentes.
La imagen del Señor del Santuario, salvado del fuego por los valientes bomberos, también nos recuerda la fragilidad de nuestros patrimonios, tanto culturales como humanos. Es un recordatorio de la importancia de proteger a las personas y sus bienes, de asegurar que los permisos sean seguidos de inspecciones regulares, y de que las autoridades cumplan con su deber para evitar que historias trágicas como la de hace más de dos décadas se repitan.
Es urgente que las autoridades competentes asuman su responsabilidad y realicen una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de este incendio, que no solo puso en riesgo vidas, sino que también expuso la falta de control sobre las construcciones en áreas densamente pobladas. El pueblo limeño no puede seguir siendo víctima de la negligencia y la corrupción. No podemos permitir que la falta de fiscalización continúe cobrando vidas.
Es hora de que las autoridades no solo emitan permisos, sino que también realicen su trabajo de manera efectiva. El compromiso con la seguridad de los ciudadanos debe ser inquebrantable. Que este incidente no se quede solo en un recordatorio de lo que pudo haberse evitado. Que las lecciones del pasado nos lleven finalmente a un cambio real en la fiscalización y prevención de riesgos. La comunidad y el país lo exigen.
PdR/