Con un llamado a la unidad para enfrentar la violencia contra los defensores de los derechos humanos culminó la conferencia «Construcción Civil, por un Perú sin violencia» en la que participó la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La conferencia fue realizada el lunes 28 de setiembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Paz (21 de setiembre) y la Semana Nacional de los Derechos Humanos (24-30 de setiembre).
Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP, señaló que “la delincuencia organizada está a la expectativa del reinicio de las obras de construcción”, quienes una vez que toman una obra se dedican al cobro de cupos a obreros y empresarios, extorsionando semanalmente para financiar otras actividades delictivas.
“Y cuando un dirigente sindical los enfrenta, en defensa de los derechos laborales, los amenazan y los matan. Por eso hay 19 dirigentes afilados a sindicatos de la FTCCP asesinados por estas mafias desde el año 2011”, aseveró.
Resaltó que los dirigentes sindicales son incómodos “para los empresarios y los gobiernos de turno cuando reclaman sus derechos. Ahí nuestra lucha no solamente es contra la delincuencia, sino contra la represión de las leyes que criminalizan la protesta y el uso excesivo de la fuerza a través de la Policía”.
“El Gobierno debe combatir a la verdadera delincuencia que extorsiona y asesina a quienes defendemos los derechos laborales, que son también derechos humanos”, finalizó Villanueva Carbajal.
A su turno, la abogada Mar Pérez, representante de la CNDDHH, hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la sociedad civil organizada “sobre cuyas espaldas se ha construido este modelo que ha dado resultados desastrosos”.
Afirmó que “cuando se criminaliza a los dirigentes como represalia por su labor” se afecta “la médula misma de la democracia, porque son los defensores de derechos humanos los que hacen que la democracia pueda funcionar, parándose frente a las autoridades cuando estas cometen abusos”.
Señaló que no es una declaración retórica que los sindicalistas son defensores de derechos humanos. “El Estado tiene varias obligaciones; la primera es el respeto. “Algunos funcionarios estigmatizan a los dirigentes como violentos y agitadores, y eso contraviene los estándares internacionales y la obligación de respeto”, informó.
Gerónimo López, secretario general de la CGTP, afirmó que una de las prácticas que no deberían existir son las famosas “denuncias penales preventivas” mediante las cuales el Gobierno pretende amedrentar a quienes organizan protestas para que no las realicen.
“Lo hicieron con la Juventud de la CGTP en 2014 en las marchas contra la Ley Pulpín, y se hace ahora. Mientras los trabajadores lidian contra el covid-19 y el hambre, los amenaza con la cárcel si salen a protestar. El Gobierno, lejos de reflexionar sobre su política económica que ha generado 7 millones de nuevos desempleados, amenaza”, dijo López Sevillano.