“Hay un costo político en ordenar un sector acostumbrado a la inercia; pero el costo social de no hacerlo es mayor”.
La extorsión en el transporte no “llegó” a Lima: se consolidó durante años y recién ahora ocupa los titulares. No es un episodio aislado; es una economía criminal que se montó sobre la precariedad de nuestro sistema y la tolerancia pública a su informalidad. Las economías ilegales mejor financiadas han infiltrado asociaciones y espacios del Estado con capacidad de habilitar u obstruir controles. ¿Estamos dispuestos a romper el modelo de negocio que hace rentable la extorsión? Propongo cinco líneas simultáneas:
1) Golpe policial–fiscal sostenido. Unidades especializadas que investiguen patrimonios, lavado, rutas de armas y motos; mapeo geodelictual por corredor y control de motos.
2) Reingeniería del negocio. Empresas reales, no afiliadas. Operador único real por ruta o paquete de rutas, con obligaciones de operación, mantenimiento, seguros, formación y recaudo digital. Migración obligatoria de afiliadoras a estructuras integradoras. Contratos-programa con metas de seguridad, frecuencias y regularidad.
3) Cerrar el grifo del efectivo. Validadores, QR o billeteras en corredores, con subsidio temporal a equipos, deducción acelerada para inversiones en seguridad y garantías para renovación de flota. Bancarización de liquidaciones y trazabilidad de pagos a conductores y propietarios. Unidad de Inteligencia de Recaudo que cruce GPS, validaciones y flujos para detectar desvíos y patrones de “cupo”.
4) Proteger al eslabón vulnerable. Botón de alerta silencioso en cabina conectado a un centro de control metropolitano; protocolos de respuesta con tiempos medibles; rotación de rutas ante amenazas; seguros de vida y asistencia legal para conductores. Paraderos y terminales seguros.
5) Gobernanza con dientes. Mesa operativa municipal con tableros semanales y publicación mensual de indicadores. Cláusulas anticorrupción y test de integridad para quienes habilitan, inspeccionan o sancionan.
Este enfoque entiende algo esencial: no habrá seguridad sin ordenamiento del transporte, y no habrá este sin seguridad. Se derrota la extorsión quitándole el efectivo, ordenando la operación con empresas responsables y golpeando las finanzas criminales con investigación y respuesta rápida. Todo lo demás es maquillaje. Hay un costo político en ordenar un sector acostumbrado a la inercia; pero el costo social de no hacerlo es mayor y lo pagan, como siempre, los más débiles. Estas medidas pueden y deben transformar años de inacción e inercia en una oportunidad para revertir de manera estructural esta situación, recuperar el control de las calles y devolverle a la ciudad un transporte que proteja la vida y la economía de quienes la sostienen todos los días.
Fuente: El Comercio – María Jara es Exministra de Transportes y expresidenta de la ATU.