La presidenta de la República, Dina Boluarte, considera necesario que las penas contra los delincuentes sean incrementadas para frenar el avance de la inseguridad. En ese contexto se anunció que el Poder Ejecutivo presentaría un proyecto de ley para tipificar las extorsiones y el sicariato como terrorismo urbano.
“No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante el incremento del fenómeno criminal y es preciso responder con las armas que la ley nos confiere y en el marco del respeto a los derechos humanos y a la legislación”.
Al respecto, un sector del Congreso planteó la posibilidad de efectuar una sesión plenaria para discutir exclusivamente esta iniciativa y dictaminarla lo antes posible, con el propósito de escuchar el clamor de la población por mayor seguridad.
Resulta positivo que el Parlamento acoja como una prioridad la discusión de una norma de tanta actualidad como la anunciada por el Ejecutivo. Al respecto, hay sectores que opinan que el incremento de las penas de cárcel no contribuye a la disminución de la delincuencia, especialmente la organizada.
No obstante, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante el incremento del fenómeno criminal y es preciso responder con las armas que la ley nos confiere y en el marco del respeto a los derechos humanos y a la legislación. Si bien puede ser cierto que penas más estrictas no ocasionan una disminución de la delincuencia, el endurecimiento de las sanciones se puede entender como un legítimo mecanismo de defensa de la sociedad ante el delito y como un castigo mucho más severo contra los autores de ilícitos execrables como el asesinato por encargo.
Es imprescindible, por otro lado, impulsar estrategias integrales que acompañen el aumento de las penas y la tipificación de nuevos delitos. Por un lado, resulta positivo que el Gobierno haya decidido crear una unidad especial de la Policía Nacional para combatir las extorsiones y el país espera que su labor arroje resultados satisfactorios sin pérdida de tiempo.
Asimismo, es imperativo ahondar en otras áreas importantes en la lucha contra la inseguridad, como la prevención, la cual debería ser uno de los pilares de este esfuerzo. Invertir en educación, oportunidades laborales y políticas de inclusión social puede atacar las raíces del problema, ofreciendo alternativas reales a los que se ven empujados hacia el crimen por la carencia de oportunidades.
Es impostergable, igualmente, lograr que los órganos de administración de justicia acompañen esta cruzada garantizando que aquellos delincuentes que la Policía capture reciban las penas más drásticas contempladas en nuestro ordenamiento legal. De nada sirve que avezados criminales sean detenidos si al poco tiempo estarán de vuelta en las calles, aprovechando las deficiencias en el Ministerio Público o en el Poder Judicial.
Del mismo modo, la reincidencia tiene que ser un factor para tomar en cuenta al momento de aplicarse la ley, pues mucha gente de mal vivir que cae en manos de la Policía posee un amplio prontuario.
Por último, hacemos votos con la finalidad de que estas acciones se traduzcan en un clima de seguridad más extendido para todos los peruanos, los que merecen tener la oportunidad de desarrollarse en forma plena.
Fuente: Editorial El Peruano