Muñoz casi no ejerce el gobierno de la ciudad
Quizás con algo de exageración, pero también con mucho realismo, algunos dicen que si la tendencia de los procesos sigue igual o peor, el alcalde de Lima, tarde o temprano, ni siquiera tendrá poder para gobernar la Plaza Mayor. Será por ello también que cada vez el aniversario de la fundación de nuestra capital está más venido a menos, y a casi 15 años de celebrarse los 500 años de su fundación.
Santiago de Chile se apresta a elegir por primera vez, en abril, a su gobernador regional metropolitano. Y Quito, capital de Ecuador, debate su Estatuto como una “Constitución de la ciudad”, siguiendo el ejemplo de la capital de México. Mientras tanto, Lima parece tener cada vez menos poder de gestión de la ciudad, a tal punto que no ha tenido casi ningún rol frente a la pandemia.
En contraste, Bogotá, capital de Colombia, y municipalidades de ciudades metropolitanas como Medellín, dirigen no solo la atención primaria de salud, sino también la red hospitalaria de primer nivel, en virtud de una reforma descentralista que se empezó a implementar en este país en 1985. El Gobierno Metropolitano de Lima no solo ha perdido las competencias de transporte, titulación de la propiedad, gestión de riesgo y la dirección de importantes funciones para el desarrollo económico, tampoco puede ejercer aquellas que le permitirían promover la formalización y la gestión de prevención de riesgo, en varios ámbitos del desarrollo urbano. En realidad –sea por ley, por omisión, por incapacidad o porque la Municipalidad de Lima no quiere ejercer o reclamar sus funciones y competencias– el verdadero gobierno de la ciudad lo ejerce, en gran parte, el Poder Ejecutivo.
Es curioso, pero la popularidad del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con la complacencia de los poderes mediáticos, se sustenta en cierta medida en que solo se ocupa de ordenar el comercio informal de Mesa Redonda, la gestión del distrito del Cercado de Lima, los parques zonales y unas cuantas obras en la ciudad. Ya no dirige el Metropolitano desde el 2020. Y es que el ojo crítico de la opinión pública no tendría en qué más ocuparse, por el hecho que en una megaciudad como Lima Metropolitana, el alcalde de Lima y su Concejo Metropolitano no tienen las riendas, los recursos, las competencias ni funciones como para ser evaluado como un gobernador o articulador de la ciudad y sus vastos y complejos intereses. Casi todo el monopolio de los recursos y competencias lo concentra el Gobierno nacional, mientras el alcalde de Lima pasa piola, casi como si fuera solo alcalde del Cercado de Lima, cuya responsabilidad tampoco la ejerce eficientemente, dicho sea de paso.
Sin embargo, la pequeñez de la autoridad y del gobierno metropolitano, entra en contradicción con la alta potencialidad que tiene Lima en el escenario internacional y de las tendencias de recentralización del Estado en nuestra capital. Durante los últimos 25 años, desde el punto de vista social, económico y cultural, Lima ha sido prácticamente refundada, tal como lo demuestra, el excelente libro Lima, una ciudad en trizas, publicado por Roberto Arroyo y Antonio Romero. Sin embargo, como dicen los autores:
La ciudad aún padece el ejercicio de una autoridad sin poder, o un poder municipal sin ejercicio real de la autoridad. La autoridad municipal, en el mejor de los casos, se ejerce de modo fragmentado, avasallada por los poderes del ejecutivo, legislativo y judicial, que sin concierto se han apropiado de sectores funcionales y de espacios en la ciudad. Además, tanto las competencias municipales metropolitanas, como las del gobierno central se ejercen alejadas o de espaldas de las prácticas y lenguajes que expresan un originario/tradicional horizonte de sentido que portan y recrean los distintos órdenes de la existencia social, en Lima Este, Lima Norte, Sur, Centro y Puerto del Callao. (pág.169).
Las mejores experiencias de reforma institucional de capitales de república (DF de México, Bogotá, Quito, Santiago de Chile, entre otras) o incluso de Madrid, en un régimen de monarquía parlamentaria como España, han tenido la capacidad para iniciar procesos de nueva gobernanza a manera de contratos sociales. Esto a través de “leyes de capitalidad”, “estatutos”, “constituciones de la ciudad” u otras fórmulas para intentar una reubicación en el escenario internacional, frente al impacto de la globalización y ante la creación de nuevos centros de poder económico. Han intentado corregir con éxito la desarticulación, la segregación de la ocupación territorial de la ciudad, la dependencia del centralismo estatal, empoderando el autogobierno de las ciudades capital. Pero, Lima, a pesar de las grandes posibilidades que tiene de consolidarse como una de las 16 megas ciudades de mayor densidad en el mundo y de una progresiva transición del mono centrismo al policentrismo, no ha tenido la capacidad de crear nuevas formas de gobierno, de representación, de gerencia moderna.
¿Se imaginan ustedes que hubiera pasado si en Lima, desde el Estado central o por iniciativa y demanda propia del gobierno de la ciudad, se les hubieran entregado a las autoridades de la ciudad las competencias de salud y educación, tal como ocurrió en Bogotá, desde 1985? Es evidente que la respuesta de nuestra capital hubiera sido otra frente a la actual pandemia. Si Bogotá, Medellín, Quito, San José de Costa Rica o Santiago de Chile no han tenido cifras tan dramáticas como Lima es porque sus gobiernos metropolitanos tuvieron en sus manos la gestión de la atención primaria de salud. Y en algunos casos, dirigiendo los hospitales de primer nivel, generando una red de contención al avance de la pandemia y atenuar sus efectos. Todo ello en el marco de una red comunitaria de salud y articulando a un sistema de salud dirigido por sus gobiernos nacionales, los cuales si dirigen los centros de más alta complejidad y la red secundaria de salud.
En Lima, hemos sido víctimas de un enfoque “hospital céntrico”, que cerró desde el inicio la red de atención primaria y concentró toda la contención de la pandemia en los hospitales, ahí donde la Municipalidad de Lima no tenía casi ninguna responsabilidad. No me cabe la menor duda de que en ciudades como Bogotá los procesos de transferencias de funciones de la salud y educación tuvieron muchos problemas y etapas de crisis, como lo explica la literatura del balance de esos procesos, por parte de sus especialistas. El asunto radica en entender que estos procesos tardan entre 30 o 50 años para madurar y consolidarse. Y es ahora que, en esas ciudades, la pandemia los cogió con procesos más o menos consolidados. Pero en Lima, la gestión de los 397 centros de salud está hiperconcentrada en el Ministerio de Salud, sin ninguna participación del gobierno metropolitano, de sus municipalidades distritales, las redes y, como efecto de ello, con nula salud comunitaria.
Es evidente que, a la luz de la mala performance de la mayoría de las direcciones regionales de salud, ahí donde sí se transfirieron las competencias de salud, no es popular plantear que por ahora las competencias de salud y educación sean transferidas al gobierno metropolitano. Pero después de la pandemia, y en el marco de la constitución de un gobierno regional metropolitano, es un tema a ser retomado a través de un proceso gradual, sin prisa, pero sin pausa e irreversible en el tiempo.
Lo que llama poderosamente la atención es que al actual alcalde de Lima no le interese para nada el tema pese a que en el Plan de Gobierno de Acción Popular, con el cual ganó las elecciones, una de sus principales promesas era reclamar la transferencia de competencias de salud para la Municipalidad de Lima. Nunca lo hizo desde enero del 2019. Él prefiere pasar piola como el pequeño alcalde de una megaciudad, cuyos ciudadanos tampoco se percatan de qué tan importante puede ser para su vida cotidiana y afán de progreso una nueva gobernanza de la ciudad.
Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista