El presidente del Consejo de ministros parece tener solo intuiciones sobre los problemas de seguridad en el país.
El presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, apareció el domingo por la noche en el programa “Punto final”, de Latina, para pronunciarse acerca de algunos asuntos preocupantes de la actualidad política. Sobre la presunta influencia del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte en el Gobierno, dijo, por ejemplo, que “es un mito”; y sobre la precaria situación económica de Petro-Perú, que no se van a capitalizar, sino a “reprogramar” sus deudas con el Ministerio de Economía y Finanzas. Dos afirmaciones que, por decir lo menos, generan escepticismo y que con el correr de los días habrán de confirmarse o verse desmentidas por la realidad.
Habló, sin embargo, también de cuestiones relacionadas con la inseguridad y el crimen en el país, y, en honor a la verdad, fue allí donde más inquietud dejó sembrada en quienes lo escucharon. A propósito de la agresión de la que fue objeto la jefa del Estado este fin de semana en Ayacucho durante un descuido de su resguardo, comentó que se estaba “evaluando” el posible cambio del comandante general de la policía (un cambio que, efectivamente, se concretó ayer en la tarde, con la destitución de Jorge Angulo y su reemplazo por Víctor Zanabria). Y con respecto al hecho de que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka lleve más de cien días prófugo, declaró: “Percibo que tiene mucha protección, de la policía quizás, pero también de otros agentes que podrían estar interviniendo ilegalmente en el Perú”. “Creo que acá algo está pasando”, añadió finalmente, redondeando una pasmosa admisión de lo poco enterado que está de lo que ocurre en este plano en la administración de la que él forma parte.
¿Puede, en efecto, el jefe del Gabinete limitarse a “percibir” una eventual protección a un prófugo de parte de la policía y mencionarlo ante la prensa como quien comparte con la ciudadanía una ‘tincada’? Peor aún, ¿puede estar bajo la impresión de que esa protección se explica por la existencia de “otros agentes que podrían estar interviniendo ilegalmente en el Perú” y, en lugar de actuar directamente sobre el problema, mostrar apenas su perplejidad al respecto? Las dos hipótesis son de una gravedad extrema, pues una supondría una policía corrupta y penetrada políticamente por el elusivo Cerrón, y la otra, la operación de agentes extranjeros en nuestro territorio. Dos situaciones que deberían tener al Gobierno –y sobre todo al presidente del Consejo de ministros– en silenciosa alerta máxima, antes que en la actitud de andar compartiendo corazonadas con quien esté dispuesto a escucharlo.
Algunos meses atrás, el señor Alberto Otárola dio un paso en falso al proclamar ante el Congreso que existía un “plan Boluarte” contra la inseguridad, y fue luego desmentido por la propia mandataria, que atribuyó el falso reporte a “un momento emotivo”. ¿Debemos suponer que ahora ha pasado de la emotividad al desconcierto? Escuchar de boca de la segunda autoridad del país la expresión “Creo que acá algo está pasando” al referirse a la ineficiencia de las fuerzas del orden o a la posible injerencia de otros países en materias de seguridad nacional es como para echarse a temblar… No se sabe si de temor o de indignación.
Si “algo está pasando”, él tendría que ser el primero en estar enterado y no un sorprendido espectador de los hechos. En medio de rumores sobre cambios en el Gabinete, estas declaraciones de quien lo encabeza parecen dar la razón a quienes claman por un “refresco” ministerial. Necesitamos en ese puesto a un funcionario que esté permanentemente conectado a lo que efectivamente acontece en una materia tan delicada, no a un comentarista ocasionalmente visitado por percepciones. Si no, para cuando le llegue la impresión de que estamos a punto de convertirnos en una versión agravada de lo que acabamos de ver en Ecuador, ya será demasiado tarde.
Fuente: El Comercio – Editorial