Situación pone en peligro el orden interno y la seguridad ciudadana. Entidad estatal no supervisó que 7 empresas de seguridad con permisos de funcionamiento canceladas en 2021 y 2022 cumplieran con el internamiento de sus armas. Empresas operaban en Loreto, Cusco, Junín, Piura, San Martín y Cajamarca.
En el marco del Mega operativo de Control al Gobierno Nacional, la Contraloría General informó que se desconoce la ubicación de 70 armas de fuego de uso civil debido a que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (SUCAMEC) no realizó la debida supervisión y control a siete empresas de seguridad privada, cuyas autorizaciones de funcionamiento fueron canceladas en 2021 y 2022. Dicha situación pone en peligro el orden interno y la seguridad ciudadana en el país.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 004-2023-2-6005-AC señala que la Gerencia de Control y Fiscalización (GCF) y la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos (GAMAC) de la SUCAMEC no adoptaron las acciones y/o medidas de control para el internamiento y/o incautación de las armas de las referidas empresas dentro del plazo establecido por la norma, ni aplicaron las sanciones administrativas correspondientes, lo que facilitó que las 70 armas de fuego se mantengan en poder de dichas empresas de seguridad.
El reglamento de la Ley 30299 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados al uso civil establece que, al cese, vencimiento o cancelación de la autorización de actividades, las empresas de seguridad privada deben efectuar el depósito de las armas en los almacenes de la SUCAMEC. Este internamiento es temporal y debe realizarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles posteriores a la fecha de cese. En caso, de no efectuarse el internamiento, se ordena su incautación y depósito en los almacenes de la entidad.
La comisión de control reveló, además, que las empresas de seguridad privada en cuestión incumplieron con reportar a la SUCAMEC las municiones adquiridas y utilizadas mensualmente durante la ejecución de sus actividades. Tampoco reportaron si tenían municiones por entregar al cese de sus actividades.
Las empresas de seguridad mencionadas operaban en las regiones de Loreto (1), Cusco (1), Junín (1), Piura (2), San Martín (1) y Cajamarca (1).
Cabe precisar que, de una lista de 76 empresas de seguridad privada cuyas licencias de funcionamiento fueron canceladas en 2021 y 2022 y que fueron remitidas por la entidad, la comisión auditora efectuó la consulta en el sistema de datos de la SUCAMEC a una muestra de 52 empresas, de las cuales 7 registraban posesión de armas de fuego en su poder, las mismas que no fueron ubicadas hasta la fecha de emisión del informe (28 de junio de 2023).
Tras lo revelado, la Gerencia de Armas, Municiones y artículos conexos (GAMAC) informó en mayo último que tras haber agotado los medios con los que cuenta la SUCAMEC para la ubicación de las armas de fuego de las empresas con autorizaciones canceladas, comunicó el hecho a la Policía Nacional del Perú para que realicen las acciones correspondientes para su ubicación.
Asimismo, dicha gerencia recién tomó conocimiento del incumplimiento incurrido por las citadas empresas con la comunicación de la comisión auditora, es decir, cuando habían transcurrido hasta 654 días de haberse emitido la resolución de cancelación.
Por su parte, la Gerencia de Control y Fiscalización (GCF) informó en mayo último que procedió a verificar la situación de 6 de las 7 empresas de seguridad observadas, constatando que estas no funcionan y que los locales se encontraban cerrados.
El informe de la Contraloría señala que la situación expuesta evidencia la inacción de exgerentes de la GCF y exgerentes de la GAMAC para disponer las acciones conducentes a controlar el internamiento de las armas que estaban en posesión de las empresas canceladas, así como el inicio del procedimiento sancionador por incumplimiento.
Por este caso, se identificó presunta responsabilidad administrativa de 6 exgerentes de la SUCAMEC, entidad dependiente del Ministerio del Interior.
El informe de auditoría de cumplimiento, que comprendió el período del 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022, recomienda al Órgano Instructor de la Contraloría y a la entidad realizar el proceso administrativo a los implicados para el deslinde de las responsabilidades.
Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y otros servicios, a través de nuestro Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria
Fuera de juego
La inseguridad ciudadana se percibe en el Perú como unos de los principales problemas del país, de acuerdo a los resultados de diversas encuestas nacionales. Un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), señala que en el semestre septiembre 2022 – febrero 2023, el 23.2 % de la población urbana de 15 años y más, fue víctima de algún hecho delictivo. Para la Defensoría del Pueblo el problema de la inseguridad ciudadana merece especial atención por parte del Estado, pues afecta una serie de derechos fundamentales.
La SUCAMEC tiene como misión y función institucional fiscalizar, controlar, supervisar y regular el uso de las armas de fuego de uso civil de las personas naturales y jurídicas para contribuir a preservar la defensa nacional, la protección del orden interno, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.