El pleno del Congreso aprobó en segunda votación la ley que establece impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos a sentenciados en primera instancia.
Fueron 111 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones en ratificar la norma.
Al tratarse de una ley de reforma constitucional requería ser ratificada en dos legislaturas. De esta manera, tras su promulgación, la norma estará vigente en las próximas elecciones generales del 2021.
La norma modifica el artículo 34-A de la Constitución, precisando que están impedidos de postular a cargos de elección popular quienes tengan una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices, por delito doloso.
De igual forma cambia el artículo 39-A de la Carta Magna, a fin de establecer que dichas personas están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza.