El Colegio de Abogados de Lima (CAL) se pronunció con relación a la propuesta de reforma integral del Código Penal, señalando que esta no puede ser encomendada directamente a los congresistas, incluso cuando ello se realice a través de una Comisión Especial Multipartidaria.
Al respecto, la entidad sostuvo que dicha tarea exige un enfoque técnico, especializado y libre de intereses políticos coyunturales. En ese sentido, exhortaron al Parlamento a delegar facultades legislativas al Ejecutivo para la conformación de una comisión encargada de elaborar una propuesta de Código Penal.
«Esta comisión debe estar integrada por juristas destacados de diversas instituciones públicas y privadas, garantizando pluralidad y un enfoque alineado con los principios de un estado democrático y social de derecho», señaló el CAL mediante un comunicado.
Indicaron también que el nuevo Código Penal debe ser un texto coherente, sistemático y unitario, que regule con claridad los delitos y las penas.
«Además, debe ajustarse a los estándares establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, (de) los cuales el Congreso ha mostrado intención de desvincularse, contraviniendo los compromisos asumidos por el Estado peruano», expresó el colegio profesional.
Precisaron que, una vez que la comisión reformadora haya elaborado el proyecto, este debe ser revisado exhaustivamente por el Parlamento a través de un debate transparente y participativo, que garantice la calidad del texto final.
Cuestionan modificaciones
El CAL manifestó, además, su preocupación por las recientes modificaciones al Código Penal realizadas por el Poder Legislativo, «especialmente en temas relacionados con el crimen organizado, la criminalización de la actuación de jueces y fiscales mediante el delito de prevaricato, así como por las propuestas legislativas para suprimir el control difuso de la actividad judicial y desvincular al Estado peruano de los tratados internacionales (CIDH)».
Al respecto, señalaron que estas modificaciones se están efectuando de manera desordenada y sin una política pública integral. En ese sentido, indicaron que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, dicho proceder «está debilitando el estado de derecho y generando desconfianza ciudadana hacia el Congreso de la República».
Por último, el colegio profesional reiteró su compromiso de colaborar en la construcción de un Código Penal moderno y justo, aportando su experiencia jurídica. «Instamos a las autoridades a garantizar que esta reforma responda a las necesidades del país y a los estándares internacionales», concluye el comunicado.
Fuente: Andina