El carácter cíclico y recurrente la corrupción sistémica peruana, ha hecho que durante las últimas décadas, se produzca un fenómeno perverso. Los actores comprometidos con latrocinios en el mandato de gobierno anterior, intentan ocultar su vergonzoso pasado o buscar impunidad con un discurso beligerante de supuesta probidad frente al gobierno presente, mientras que los que hasta hace poco se llenaban la boca prometiendo honestidad, pronto caen en la telaraña de la indecencia, contra la cual antes despotricaban en campaña electoral. Ese es el típico caso del Presidente Pedro Castillo, con por lo menos cinco casos consistentes investigados por el Ministerio Público.
Es como si la exteriorización de la corrupción presente creara una sombra sobre la del pasado inmediato, en un círculo vicioso interminable, propio de una patología social. Quizás en eso radique la causa del repliegue actual ciudadano, ausente en la movilización callejera, mostrando una mezcla de hartazgo, resiliencia o resignación.
En este marco de reflexión, una interrogante obligatoria que debemos hacernos es si el gran espectáculo mediático y de la recatafila de procesos iniciados por el Ministerio Público contra el actual mandatario y su entorno, son en realidad un sincero propósito de desterrar la corrupción o si es un operativo para aniquilar un adversario, mientras, por otro lado y, entre bambalinas, se busca la impunidad de los actores del ciclo de corrupción que vivimos entre los años 2006 y el 2021. O podría estar ocurriendo una extraña mixtura donde convergen sanos actores, operadores judiciales, actores políticos y el periodismo de investigación cumpliendo sus deberes de controlar al poder político de turno y, otros, aquellos que quieren pescar a rio revuelto para salirse con la suya, en busca de una resolución absolutoria o por lo menos con una dilatación prolongada de sus procesos en sede fiscal o judicial.
He aquí donde aparece como incógnita el rol que realmente pretende cumplir la actual Fiscal de la Nación en el actual enrevesado marco de crisis política. Nadie puede poner en duda que su papel para investigar al actual mandatario de la nación es eficiente y enérgico, un comportamiento que cuanto hubiéramos querido tener en los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejando Toledo, Alan García y Ollanta Humala, donde ningún fiscal de la nación se atrevió a iniciar una investigación al respectivo presidente de turno. Pero la titular del Ministerio Público opera con esa misma eficiencia para proteger a su hermana Emma Benavides por los delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en organización criminal, por haber intercambiado favores con sectores ligados al narcotráfico. Sin mediar justificación alguna, ha sacado a la fiscal Bersabeth Revilla de la investigación, provocando luego su renuncia. Es importante anotar que la salida de la fiscal Revilla del caso de la hermana de la Fiscal de la Nación se dio en un contexto donde se discutía en sede judicial restricciones a los derechos de la investigada, algo que ha quedado paralizado por el cambio intempestivo de la fiscal a cargo del caso.
Debe acotarse que la desaforada fiscal Revilla, también tenía en sus manos el caso “Mamani videos” que compromete a Kenji Fujimori. ¿Mató dos pájaros de un solo tiro la fiscal de la nación para proteger, tanto a su hermana como a un integrante de la familia Fujimori? ¿Por lo menos es sospechoso no?
La fiscal mostró un talante potente, en un inesperado mensaje a la nación para investigar a los poderes más altos del estado, pero, por otro lado, ha desarmado el equipo especial que investigaba el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, que precisamente lideraban los fiscales, Pablo Sánchez y Fanny Quispe, poniendo en su lugar a fiscales de escasa experiencia y sin justificación alguna. No solo eso, sino que así como ha montado un excelente operativo para que el ex Secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se acoja a la colaboración eficaz, dando relevante información que vinculan a Pedro Castillo, sobre diversos hechos, no muestra la misma celeridad para respaldar al equipo especial del caso Lava Jato o tomar medidas en el caso de las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado, cuyo proceso está paralizado a nivel judicial por la inacción de la fiscalía correspondiente. Las cuestionables decisiones de la titular del Ministerio han provocado otras renuncias como la de los fiscales Superiores, Víctor Cubas Villanueva y Jesús Fernández Alarcón.
Es significativo citar la carta de renuncia del Fiscal Cubas Villanueva, quien además se desempeñaba como Secretario Técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público, habiendo destacado, en el pasado, en las investigaciones de los casos La Cantuta y Barrios Altos en la década de 1990. En su carta señala el “maltrató innecesario de fiscales de impecable trayectoria, lo cual puede afectar y pone en serio riesgo diversas investigaciones que estaban en curso”. Agrega por otro lado que “aprecia que el despacho de la Fiscalía Nacional haya dispuesto realizar investigaciones por presuntos actos de corrupción que habría cometido el presidente Pedro Castillo, pero igualmente espera que sea sumamente exigente para que se ´investigue y sancione´ a los líderes de las diversas organizaciones políticas que vienen siendo procesados desde hace años por la comisión de delitos graves. Asimismo, estoy seguro que en aras de la indispensable transparencia en el ejercicio de la función pública, dispondrá usted la investigación contra un grupo importante de fiscales y jueces que habrían tenido estrechas relaciones con los investigados por el caso Cuellos Blancos del Puerto, quienes hasta el momento, pese a los indicios existentes, no han sido investigados por ninguna institución” reafirma el fiscal renunciante. No hay que ser adivino para saber lo que se quiere decir entre líneas en esta carta de renuncia.
Por otro lado, no se entiende porque justo cuando faltan solo tres meses para que culmine el complejo proceso de lavado de activos contra la familia, Sánchez Paredes, la Fiscal de Nación haya sacado del caso a Frank Almanza como Fiscal Superior Provisional. ¿Es razonable que faltando tan poco tiempo para que el caso ingrese a juicio oral se nombre a otro fiscal, igualmente provisional, cuya primera tarea será dar lectura a un expediente de 3 millones de folios? Por algo debe ser que la titular de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Sonia Medina Calvo, haya protestado por ese cambio.
No deja de llamar la atención que ninguna de estas cuestionables decisiones de la Fiscal de la Nación, ocupe la atención de un monopolio mediático, ni siquiera en la quinta o decima página. Mientras ese silencio se mantiene, concentrando toda la atención en los escandalosos casos de corrupción del Presidente Castillo, en los medios del Ministerio Público (MP) corre el rumor que la actual Fiscal de la Nación cambiaria otros varios equipos de investigación de emblemáticos casos que tenían consistentes expedientes avanzados de investigación. Lo que la titular del MP no sabe es que la mayoría de población ya la observa, aunque no tenga una participación activa y callejera. Y es que, el hecho que exista una pronunciada desconexión con el teatro político, eso no quiere decir que los pobladores y los jóvenes no estén bien informados, en parte por la extensión de las redes sociales, el boom de portales y programas informativos digitales a lo largo y ancho del país.
El tiempo dirá si el verdadero propósito de la Fiscal de la Nación consistiría en explotar al máximo el caso Pedro Castillo y a la sombra de ese espectáculo mediático, ocultar o pasar por agua tibia otras acciones para garantizar la impunidad de otros sectores, en una clara relación con sectores políticos que desde hace varios años tienen como fin desarmar lo poco, pero valioso avanzado en materia anticorrupción. Por ahora es evidente que la primera titular del MP, muestra dos caras, con el silencio de gran parte de los medios de comunicación.
Dicho de otra manera, pueda ser que la sobreexposición de la corrupción actual y latente trate de ocultar o garantizar la impunidad de los actores que participaron en la corrupción de años anteriores. En este probable escenario, debemos de estar atentos al accionar de la nueva Fiscal de la Nación. Por ahora, debemos respetar y respaldar sus acciones de investigación, frente al actual mandatario, pero a tenor de sus contradictorias decisiones tenemos derecho a dudar y estar alertas para evitar que su comportamiento sea funcional a otros nefastos propósitos.
Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista