La Contraloría dio municiones al Parlamento para acusar a la vicepresidenta Dina Boluarte y, si el proceso se apura, inhabilitarla antes de que se vaya Pedro Castillo.
La han puesto de cabeza para espulgar lo que caiga de su cartera y de la del Midis. He leído una denuncia del periodista Carlos Cabrejos y la ONG Pro Justicia, sobre presuntas irregularidades en Qali Warma, el programa social que demanda cientos de miles de desayunos para escolares. Los denunciantes no involucran a la ministra en el entuerto. La fiscalía y la Contraloría han acogido la denuncia. No sabemos si han hecho avances al respecto.
Un reportaje de “Punto Final”, en Latina, también denunció irregularidades en Qali Warma, que había sancionado a algunos proveedores por presentar certificados de calidad falsos. Estos aseguraban ser víctimas de una injusticia, pues esos documentos bambeados eran, supuestamente, un mal común imputable a la mala gestión del Instituto Nacional de Calidad (Inacal). Boluarte no aparece mencionada ni implicada en el reportaje.
El portal Sudaca sí apuntó al cuerpo de Dina. Hizo una denuncia de presunto ‘nepotismo cruzado’, ese que escapa a la fiscalización, es decir, ‘tu contratas a mi familiar o amigo, yo contrato al tuyo’. Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de Dina, fue fichado el 4 de agosto del 2021 como asesor del alcalde de Pueblo Libre. Por RM 146 del Midis, Enrique Vílchez Vílchez, que fue funcionario de ese municipio, fue nombrado secretario general del Midis. La sospecha y las fuentes de Sudaca, les hacen presumir un quid pro quo, aunque no hay como demostrar que ello sea algo más que una casualidad. Hasta ahora el golpe más certero contra Dina viene desde el aparato de control del Estado.
Metafísica del control
La Contraloría General de la República (CGR), en su informe anti Dina (Informe de Especialización Específica N. 005 -2022 –CG/FIS-FEDG), cita el artículo de Sudaca, pero no explora la actividad de Wigberto, a pesar de contar con las herramientas para ello. Sobre el hermano, concluye que su contratación en una entidad del estado, como es el municipio, es incompatible con la ley; pero la responsabilidad de ello recae en las autoridades de Pueblo Libre. La Contraloría no recomienda actuar contra Boluarte en este caso, ni en el de su cuñado Alfredo Pezo Paredes, esposo de su hermana René, quien recibió una orden de servicios para ser docente en la Escuela de Control de la Contraloría.
El cuñado de la controlada fue contratado por la propia Contraloría sin haberlo controlado. En esta metafísica del control, la última palabra la tiene el controlador: la responsabilidad es de la entidad que contrata no de la fiscalizada quien, en sus descargos, dijo no conocer a ciencia cierta las actividades de sus 12 hermanos. Dijo algo más: que, a su entender, la ley, cuando habla de los impedimentos para contratar familiares hasta el segundo grado de afinidad, se refiere a los hermanos del esposo (que no tiene) más no a los cónyuges de sus hermanos.
En las recomendaciones finales del informe de la Contraloría sobre Dina Boluarte, la más filuda es la que sugiere que el Congreso realice ‘acciones’ contra ella.
En las recomendaciones finales del informe de la Contraloría sobre Dina Boluarte, la más filuda es la que sugiere que el Congreso realice ‘acciones’ contra ella.
En ese punto, la CGR corrige en seco a Boluarte, porque en la teoría y en la normativa de la CGR el segundo grado de afinidad no distingue entre cuñados, vengan de donde vengan. El punto que sí es atendible en su defensa es la invocación, como jurisprudencia, de la sentencia del TC 1087/2020 de Domingo García Belaunde versus el OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). A Domingo, se le impedía ser proveedor del Estado porque su hermano Víctor Andrés era congresista; pero el TC consideró que tal cosa era un abuso ante la libertad de contratación y de trabajo y que el impedimento debía circunscribirse a la entidad ligada al trabajador.
La CGR, en su respuesta a la defensa de Boluarte, señala que la jurisprudencia no anula la ley y ella la sigue interpretando en sentido estricto. En todo caso, repito, la CGR no recomienda sanciones ligadas a la contratación de familiares. El caso y el roche de Peso, es propio.
Sin embargo, la acusación constitucional que ha presentado la congresista Norma Yarrow, inspirada en el informe de la CGR; sí considera el caso de Pezo como una infracción de Boluarte, no porque fuera contratado, que eso no es responsabilidad de Dina; sino porque ella no colocó el nombre y el trabajo de Pezo en su declaración de intereses. Tal omisión es considerada, en el documento de Yarrow, como una infracción.
El último párrafo de la acusación constitucional contra Dina Boluarte que presentó Norma Yarrow junto a otros congresistas de Avanza País, pide que se la inhabilite para ejercer la función pública.
El último párrafo de la acusación constitucional contra Dina Boluarte que presentó Norma Yarrow junto a otros congresistas de Avanza País, pide que se la inhabilite para ejercer la función pública.
Joseph Campos, constitucionalista que se ha interesado en el caso, rechaza ese razonamiento con este otro: “Si uno no considera que tiene que colocar a todos los familiares ni que hay daño al respecto, ¿por qué sería una infracción?”. Para Campos, la sentencia de Domingo García Belaúnde es fundamental y no puede ser ignorada por la Contraloría. Sin embargo, no será la CGR sino el Congreso quien decida qué infracción ha cometido Boluarte en un proceso que podría tomar –si los congresistas no se concentran en un punto y se aplican a varios como en la denuncia de Yarrow- no menos de tres meses. Por lo pronto, el viernes, la subcomisión de acusaciones constitucionales ya admitió la de Yarrow y otra de la bancada de Fuerza Popular.
Ay, Abancay
La Contraloría ha sido práctica al marcar con plumón rojo el camino a los congresistas. Sin hacerlo explícito, les dice que no apunten ni al nepotismo ni a un posible desbalance. El informe dice que “no ha identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado”. La infracción que subrayan con plumón es al Art. 126 de la Constitución que obliga a los ministros a dedicación exclusiva: “Los ministros ni pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa [ser congresistas]. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios ni de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Tras invocar ese artículo, la CGR ha encontrado hasta 13 ocasiones documentadas en las que Boluarte, siendo ministra, ha firmado papeles del Club Apurímac del que era presidenta y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú de la que era vicepresidenta. En sus descargos, Boluarte ha adjuntado las cartas que envió a las dos asociaciones, pidiéndoles licencia. Pero, para la CGR, los papeles firmados contradicen la licencia.
En un comunicado, Dina Boluarte trató de explicar porque los documentos que firmó para el Club Apurímac, no serían un acto de gestión paralelo a su función de ministra.
En un comunicado, Dina Boluarte trató de explicar porque los documentos que firmó para el Club Apurímac, no serían un acto de gestión paralelo a su función de ministra.
En su defensa, Boluarte afirma que no ha hecho ni ‘gestión’ ni ‘dirección’ como manda la ley, sino que en todos los casos fueron papeles que tuvo que firmar por problemas registrales y legales de ambas entidades, que sólo ella podía resolver. Su abogado, Alberto Otárola, me dijo: “El debate fondo es si la regularización de asuntos registrales es un acto de gestión o no. Nosotros decimos que no. Hay un Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias que obligaba a que ella dé su firma, no podía ser reemplazada por otra”.
Los pedidos de licencia de Dina hacen recordar a otros pedidos similares que causaron polémica en la campaña, los que hizo a la RENIEC. Como recordaran, Boluarte era jefa de la Oficina Registral de Surco, un cargo de segundo nivel en esa entidad. No quiso renunciar a él, pues no tenía fe en la aventura en la que se metía. Pidió varias licencias cortas durante la campaña y, cuando ya tenía la certeza de entrar al gobierno, pidió una licencia de 5 años. (Un paréntesis para explicar porque fue excluida de la lista al Congreso más no de la plancha presidencial. En el primer caso, la personera de Perú Libre no presentó a tiempo requisitos de Dina y de otros cuatro candidatos. Los 5 fueron excluidos. En el caso de Dina, no consignó su licencia por 60 días sin goce de haber, a pesar de que sí contaba con ella. En su inscripción para la plancha presidencial no hubo esas omisiones y la autoridad electoral pasó por alto la obligación de renunciar 6 meses antes de las elecciones, porque consideró que ello solo se aplicaba a altos funcionarios y ella no era tal).
Llamó mucho la atención, eso sí, que Boluarte, una vez que tenía la certeza de ser vicepresidenta, pidiera a RENIEC una licencia por 5 años en lugar de renunciar. Quería mantener la soga, la cabra y el queso. Su actitud no solo entrañaba una subvaloración de la oportunidad gigantesca que se le abría en el poder, sino que se estrelló contra la RENIEC. El ente, en una carta algo ruda que hizo pública, rechazo su pretensión porque no tenía forma de guardar un puesto por 5 años y porque una figura de gobierno no podía estar en su planilla ni de licencia. Para remate, en la carta daba a entender que ella alegaba no haber sido notificada como una estrategia de lograr una respuesta afirmativa por silencio administrativo.
Dina estaba y está en bronca no solo con su partido, Perú Libre, sino con su centro laboral. Apeló al tribunal de Servir, la segunda instancia de estos trámites administrativos, y ganó a medias. Servir declaró la nulidad de la carta hostil de RENIEC pero pidió otro proceso, que probablemente hubiera terminado en otra negativa. El 11 de abril pasado, Dina renunció a RENIEC que inmediatamente le aceptó el gesto. Un derivado de su tira y afloja con la RENIEC y los entes electorales, es que se la acusó de falsificar un documento ante el JNE y la fiscalía le abrió una investigación.
Esta es una citación que le hace a Boluarte el fiscal Wilfredo Avellaneda para que declare en una investigación sobre una presunta declaración falsa ante el JNE.
Esta es una citación que le hace a Boluarte el fiscal Wilfredo Avellaneda para que declare en una investigación sobre una presunta declaración falsa ante el JNE.
Volviendo al frente de la CGR, le pregunté a Otárola porque Dina, en lugar de pedir licencia, no había renunciado de saque al Club Apurímac y a la asociación de clubes. Me dijo que ella ha comentado que se ha dedicado por años a ese club y cultivar sus lazos regionales. Ella nació en Chalhuanca, capital de la provincia de Aymaraes, y es ajena a Abancay y Andahuaylas, las dos ciudades que pelean la primacía apurimense. Quizá eso le da un valor especial a su rol en el club pero, vamos, esas ganas avaras de conservar todo a la vez, desvalorizan su papel en el gobierno.
Ni el informe de la CGR ni las acusaciones constitucionales hablan del cargo de vicepresidenta. El citado Art. 126 solo se refiere a las obligaciones de los ministros. Extrapolarlo al cargo de vicepresidenta, sería, según Otárola, una aberración. Pero el fin político de los acusadores no es sacarla de un ministerio. Para eso, una interpelación y censura es mucho más simple. El fin, como lo dice el texto de Yarrow en su última línea, es sancionarla con “destitución e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.
La puntería está, por lo tanto, en la sucesión presidencial. La de Dina, sería la inhabilitación subalterna; la que no desvive tanto a la opinión pública anticastillista que quiere que caiga el presidente, ya; cuanto a quienes ya están cubileteando para ver qué mesa directiva sucede a María del Carmen Alva, y llegan al poder sin pasar por Boluarte. Dina reúne contra ella la oposición al gobierno y la antipatía de PL y de los maestros. No tiene bancada y no ha creado –al menos, que sean visibles- lazos estrechos con muchos congresistas. Recibe a todos pero no ha conquistado –que sepamos- a ninguno.
Al castillismo le molesta ver a Dina rodeada de un equipo de tinte caviar muy ajeno al entorno presidencial. Es más, fuentes palaciegas me han comentado que Castillo estaba pendiente de las visitas que ella recibía cuando iba a despachar a Palacio, pues como vice, tiene allí una oficina con equipo mínimo. Así que sumen al castillismo a los francotiradores que tienen a Dina en la mira.
Escribe: Fernando Vivas – El Comercio