Noticias Política

Congreso: Aprueban facultades sancionadoras a la Contraloría para frenar actos de corrupción

Establecen procedimientos y sanciones para infracciones cometidas por funcionarios. Ley señala pasos a seguir por la Contraloría en esos casos

El Congreso de la República modificó diversos artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General a fin de tipificar conductas infractoras dentro de la administración pública, y medidas para sancionar estas.

La Ley Nº 31288, dispone, entre otros puntos, que para determinar responsabilidades derivadas de una acción de control de la Contraloría, “deberá brindarse a las personas comprendidas en el procedimiento, la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los fundamentos correspondientes que se hayan considerado”.

“Cuando se identifique responsabilidad administrativa funcional, la Contraloría General adoptará las acciones para la determinación de responsabilidad y la imposición de la respectiva sanción, conforme a las atribuciones establecidas en la presente ley”, se indica en una de las modificaciones a la Ley Nº 27785 que contiene la norma mencionada.

En ella se precisa además que la Contraloría dispone sanciones “teniendo como referencia los hechos contenidos en los informes que hubieran emitido los órganos del Sistema, como resultado de un servicio de control posterior, en que se identifica dicha responsabilidad y atribuye la comisión de infracción”.

Conductas infractoras

En otro artículo, se establece cuáles son las conductas de los funcionarios públicos que son consideradas infracción y, por ende, pueden ser sancionadas por la Contraloría. El listado está conformado por 32 numerales.

Para las infracciones graves, las sanciones pueden ser de inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 60 días ni mayor de un año. Las que son consideradas como muy graves reciben una inhabilitación de entre uno y cinco años.

La calificación de una infracción como grave y muy grave responde a criterios que tienen que ver con el daño causado al interés público, la intencionalidad en la comisión de la infracción, el perjuicio causado, el beneficio ilícito obtenido, la reincidencia del infractor, las circunstancias de la infracción, y e l grado de participación en el hecho imputado.

Es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría el que actúa como última instancia en estos casos. La norma publicada contiene también los requisitos para poder ser nombrado integrante de este organismo.

Esta Ley es promulgada por el Congreso luego de haber reconsiderado su aprobación, se indica.

Fuente: Andina

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.