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Congreso: activan proyecto de ley que busca cárcel para la difamación

El fallo judicial contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel no es la única amenaza contra el ejercicio de la prensa y la investigación periodística, a ello se suma la presentación de un proyecto de ley por el congresista José Luna Gálvez, que propone sancionar con cárcel efectiva la difamación agravada, así lo advirtió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Se trata del proyecto de ley 6422-2020 que ha sido actualizado por Luna Gálvez el 22 de diciembre del 2021 y ahora es el PL 1060-2021, que dispone una condena de entre cuatro y seis años de cárcel para el delito de difamación con obtención de beneficio económico.

La pena era no menor de un año ni mayor de tres años, es decir, con prisión suspendida, pero el cambio hará que sea de prisión efectiva al ser mayor a cuatro años. La propuesta busca modificar el artículo 132 del Código Penal.

El ex defensor del pueblo Walter Albán consideró que ese tipo de iniciativas es una verdadera amenaza y de aprobarse se criminalizará la labor periodística.

“Personas como Luna Gálvez están encontrando la oportunidad para beneficiar a quienes quieren permanecer intocables, pese a las conductas delictivas que desarrollan. Luna debería estar en prisión, pero logró entrar al Congreso. Todo lo desarrollan en función de sus intereses”, declaró.

Sostuvo que detrás hay una “telaraña de organizaciones que tienen intereses comunes y actuaciones ilegales, que son los que mueven este tipo de iniciativas”.

La CNDH advirtió que los operadores de justicia no están garantizando un debido proceso, lo que es un grave riesgo para el periodismo y manifestó su preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en el Perú.

Recordó que además de los casos de Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel director de la editorial, condenados a dos años de pena privativa suspendida y al pago de 400 mil soles por el libro Plata como cancha, están los casos de los periodistas Daniel Yovera, Pedro Salinas y Paola Ugaz denunciados, en el mismo sentido, por personajes vinculados al Sodalicio y por el arzobispo de Piura, José Eguren.

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, considera que el fallo contra Acosta afecta la libertad de expresión, debido a que establece la difamación con un mecanismo que no es compatible con las normas nacionales e internacionales.

Asegura que en líneas generales hay un ambiente que no es propicio para el libre ejercicio periodístico. “Tenemos al gobierno en una relación complicada con los medios. Y por otro lado, casos judiciales que buscan limitar el trabajo de la prensa al introducir un estándar que afecta el trabajo de los periodistas”, apuntó.

Fuente: La República  

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