El actual funcionamiento bipolar del Estado peruano está matando a los pequeños negocios y con ellos las potenciales ganancias de productividad que necesita el país, sostiene el presidente del Consejo Privado de Competitividad.
Uno de los temas de mayor polarización en los debates ideológicos se centra en el rol del Estado en la economía. No obstante, más allá de las diferencias existentes, es posible encontrar coincidencias en lo referente al papel que cumple el Estado en la construcción de instituciones que brinden soporte al cumplimiento del “contrato social”, donde el derecho de propiedad se constituye en pieza angular para promover ganancias de productividad y mayor bienestar a sus ciudadanos.
Daron Acemoglu, experto en la materia, subraya la labor trascendental del Estado en el desarrollo de “instituciones inclusivas” con mayor igualdad de oportunidades, competencia e innovación que permita la construcción de derechos de propiedad para todos. El trabajo de Acemoglu se construye sobre las aproximaciones pioneras del premio Nobel de economía Douglas North que estudiaba la dinámica de las instituciones formales -lo que está escrito en las leyes- y las informales -lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, en un extremo, una Constitución podría proclamar que todos tenemos derecho a todo, pero en la práctica, no recibir nada. Así, sin la presencia de un Estado que alinee correctamente los incentivos de individuos y empresas, donde se defiendan los derechos de propiedad de todos por igual, difícilmente existirán bases institucionales que hagan que los contratos sociales funcionen.
Viendo estas aproximaciones, ¿dónde se ubica el Perú en términos de desarrollo institucional? Al lector no le será difícil anticipar que el país está a la cola de cualquier ranking. Por ejemplo, de acuerdo con el World Economic Forum (2020), el Perú se encuentra en el puesto 94 de 141 países. Este índice, que se construye a partir de la medición de varios sub-pilares, nos permite ver en detalle que estamos en el puesto 120 en Seguridad; 98 en cuanto al Desempeño del Sector Público; 95 en Derechos de Propiedad; y, 108 en Orientación del Gobierno hacia el Futuro. Poniendo lupa a algunos aspectos clave, vemos que ocupamos las peores posiciones en lo referente a Crimen Organizado (134); Confianza en las Fuerzas del Orden (131); Carga Regulatoria (128); y, la Eficiencia del Sistema Legal para resolver disputas (134).
Estos números son una clara muestra de la ausencia de las necesarias instituciones inclusivas que fomente, por ejemplo, el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) que concentran más del 90 % de la Población Económicamente Activa (PEA) en el Perú. Y, lamentablemente, este mayoritario tejido de unidades productivas en el país se encuentra ya no sólo desprotegido por el Estado, sino que, en muchas oportunidades hasta violentado por este. Esto es confirmado por un trabajo que viene desarrollando de forma colaborativa Apoyo Consultoría, el Consejo Privado de Competitividad, Backus e Ipsos, a partir de una encuesta a 1.500 bodegueros en el país. Así, cuándo se les pregunta, ¿qué problemas enfrenta su negocio para crecer?, el 83 % responde que la inseguridad y la extorsión es el más grave de sus problemas. A esto hay que añadirle que también consideran que reviste gravedad para su desempeño económico las coimas (76 %) y los cierres de locales (60 %). Y cuando pasamos de la percepción a la afectación directa y les preguntamos, ¿qué situaciones desfavorables han experimentado el último año?, los resultados son terribles: 22 % de los entrevistados indica que han sufrido inspecciones arbitrarias por parte de las autoridades estatales y 21 % han sido víctima de robos.
Como se aprecia, las MiPymes peruanas vienen siendo graves damnificadas del funcionamiento de un Estado bipolar. Es decir, un Estado que te deja absolutamente abandonado frente a la delincuencia, el robo y la extorsión; pero, cuando tiene la oportunidad de acercarse a ti, lo hace para asfixiarte con cierre de locales, coimas e inspecciones arbitrarias. Todo un abuso. Bajo estas circunstancias, se entiende por qué la mayoría de las empresas en el Perú no tienen ningún incentivo a ser formales y crecer. Todo lo contrario, tienen todos los alicientes para continuar siendo informales. Así, estas seguramente se deben preguntar: ¿para qué me hago formal? ¿para hacerme más visible y soportar una mayor carga financiera y regulatoria?
La presencia de un Estado bipolar en el Perú se constituye en un serio desincentivo para el crecimiento y ganancias de productividad. Cómo bien describe la teoría económica, la transición o movilidad de las firmas de pequeñas a grandes va asociada a la generación de economías de escala y mayor competitividad, generando a su vez un círculo virtuoso en el proceso de ganancias de capital humano de sus trabajadores. Cuando las empresas crecen se constituyen en una fuente de aprendizaje, innovación y competencia. Pero claro, todo esto se ve truncado con los desincentivos que genera el Estado en el Perú. Este hecho debiera plantear una seria reflexión a nuestros hacedores de políticas públicas respecto a qué tan apropiadas son nuestras leyes labores, política tributaria, administración tributaria, cargas regulatorias, multas, inspecciones y toda la permisología que adorna a nuestra burocracia; pues, la actual bipolaridad del Estado está matando el crecimiento, la productividad y la esperanza de mayor prosperidad.
Fuente: El Comercio – David Tuesta economista – presidente del Consejo Privado de Competitividad.