Inversión de este sector hasta el año 2030, para mejorar y ampliar la conectividad
Perú necesitará inversiones superiores a los 2,000 millones de dólares hasta el año 2030 en infraestructura de telecomunicaciones, señala el reciente estudio de la consultora internacional SmC+ “Nuevas Dinámicas de la gestión de infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina”, comisionado por American Tower.
Esta inversión será fundamental para que las nuevas tecnologías tengan un acceso masivo, sin brechas o asimetrías, y puedan maximizar su impacto socioeconómico.
Sebastián Cabello, CEO de la consultora SmC+ y ex jefe de GSMA para Latinoamérica, precisó que para el año 2030 se estima un despliegue de alrededor de 550,000 nuevos sitios en América Latina, en su gran mayoría del tipo celdas pequeñas o “small cells” que coexistirán con las nuevas macro celdas y servirán para soportar una amplia gama de servicios que serán la base del nuevo salto de productividad en muchos sectores.
Se estima que el Perú necesitará instalar al menos 59,000 nuevos sitios, que solo podrá llevarse a cabo siempre que estén dadas las condiciones regulatorias necesarias para el despliegue a nivel local.
“El punto de partida serán las licitaciones de espectro 5G, algo que no debería demorarse, en tanto en 2022 iniciarán despliegues que ayudarán a obtener escala regional a partir de los concursos de Chile, República Dominicana y Brasil”, dijo.
El estudio proyecta inversiones de 17,000 millones de dólares en América Latina, solo para cubrir las necesidades de infraestructura pasiva (excluyendo la infraestructura activa, el espectro y costos de operación).
“La creciente participación de las empresas de infraestructura en el mercado, y el consecuente aumento de la compartición de infraestructura, mejora el uso del espacio público, reduce costos administrativos y el impacto ambiental”, subrayó Cabello.
“Estimamos que el aumento en la compartición de sitios en la región, respecto de los niveles actuales, podría llegar a ser de 16 puntos porcentuales para 2030. Por eso, estimamos que 62% de estas inversiones sean realizadas por empresas dedicadas a la infraestructura pasiva”, agregó.
Por su parte, el gerente general de American Tower en Perú, Renzo Escobar, señaló que este análisis evidencia la transformación que se viene dando en los modelos de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.
“Donde las empresas de infraestructura pasiva contribuyen a que la conectividad llegue de forma más ágil y eficiente a todo el Perú, en momentos donde se necesita acelerar la inclusión digital”, enfatizó.
En cuanto al impacto social del desarrollo de la conectividad, el estudio destaca que esta transformación de los modelos de red y su densificación, contribuyen con el cumplimiento de más de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, destacándose mayor crecimiento económico, mejoras en la reducción de la pobreza, desigualdad, salud y medio ambiente.
Barreras y Recomendaciones
De acuerdo con el estudio, entre los principales desafíos de política pública en la región para acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en la región se destacan: lograr mayor alineación y uniformidad regulatoria entre organismos nacionales y subnacionales; disminución de la burocracia para habilitar permisos para el uso de espacios e inmuebles públicos; contar con seguridad jurídica en los procesos de apelación; y, la aplicación de tasas desproporcionadas o dispares.
En el caso de la normativa local, Escobar mencionó que en el estudio, Perú destaca por tener una normativa sobre infraestructura, que es la Ley 29022, un marco ejemplar en la región que ha hecho posible un acelerado avance en el despliegue de infraestructura en la última década.
“Debe fortalecerse para poder atender los nuevos despliegues de infraestructura que el país requiere y lograr hacer frente al crecimiento exponencial que se viene dando en la demanda de Internet”, dijo.
Por su parte, Cabello señaló que el estudio recomienda promover el desarrollo de mesas intersectoriales con participación del sector privado para facilitar el despliegue, optimizar la coordinación nación-municipios y que sirva de base para homogenizar las reglas y eliminar la discrecionalidad.
Fuente: Andina