Para entender la coyuntura económica que vive el país como consecuencia de la emergencia sanitaria y el estado de cuarentena con inmovilización social obligatoria dispuesta por el Gobierno, basta con entender los desbordes sociales que se han producido posterior al 25 de mayo pasado, fecha en la que el presidente Vizcarra anunció ciertas flexibilizaciones al estado de cuarentena y la ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio próximo.
Al momento de redactar esta columna, en el Congreso la ministra de economía María Antonieta Alva, informaba a la comisión COVID-19 que el Estado había utilizado hasta el 31 de mayo la suma de 110 mil 89 millones de soles (de 120 mil millones de soles) que representa el 14.5% del PBI (del 20%) para atender la emergencia sanitaria.
El plan ejecutado hasta el 31 de mayo se basa, según la ministra en cuatro ejes: atención a la emergencia (2,754 millones de soles), soporte a las familias (22,426 millones), soporte a las empresas (12,608 millones) y atención a la cadena de pagos y soporte a la economía (72,301 millones)
A pesar de esta lluvia de millones, la economía está debilitada, los sectores económicos no han podido reiniciar sus actividades y las actividades productivas sufren la ausencia de los consumidores.
Esta situación económica afecta el desarrollo normal de las actividades de las municipalidades a nivel nacional, cuyos principales ingresos descansan en la recaudación de arbitrios e impuestos, estos no se dan hace más de 80 días, casi un trimestre de inactividad, de puertas cerradas. Y las transferencias del MEF por concepto de FONCOMUN, han sufrido significativos recortes que han acentuado la crisis económica que afrontan las municipalidades.
El Estado, en estos casi tres meses de emergencia sanitaria, ha acudido en operaciones de salvataje financiero para que las municipalidades puedan atender sus obligaciones principales como pago de planillas y pensiones, así como el pago a proveedores de servicios como, por ejemplo, la limpieza pública, pero estas ayudas no son suficientes.
El contribuyente de una municipalidad, tiene una atención prioritaria en el día de hoy, la de alimentar a su familia, atender sus pagos de servicios de luz, agua y teléfono. Sin dejar de mencionar los gastos por temas de salud.
Antes de la emergencia sanitaria, las municipalidades registraban un alto índice de morosidad de sus contribuyentes que alcanzaba a superar el 60%.
Las estadísticas de esta hora, dan cuenta que tres meses de inactividad económica, ha producido un despido laboral que supera el millón 200 mil trabajadores, en su mayoría, padres de familia cuyos hogares son contribuyentes de alguna municipalidad.
El panorama económico es complicadísimo, la creatividad y la optimización de los servicios públicos, podría lograr un impulso en los contribuyentes por atender sus obligaciones con su municipalidad, pero esto va a depender mucho del liderazgo de las autoridades ediles.
Sin embargo, hay un pasivo enorme de descredito a la imagen de las autoridades, la adquisición de productos alimenticios y distribución de las canastas de víveres por encargo del Gobierno, le ha pasado una factura social muy alta.
El Ministerio Público, ha informado que en el caso de sobrevaloración de la compra de productos para las canastas suman 48 investigaciones, mientras que la entrega indebida de las mismas a familiares o personas cercanas del alcalde y servidores municipales son de 58 casos.
Es necesario que los alcaldes a través de sus gremios representativos AMPE, FEMULP y otros; planteen al Gobierno una urgente operación de salvataje financiero para recuperar o equilibrar su economía. Caso contrario, el descrédito de la imagen de los municipios con calles sucias, abandono de parques e incremento de la inseguridad ciudadana, los va a derrotar.
Escribe: Oscar Larenas Núñez – reportero