La informalidad y el desconocimiento de la gestión pública son un problema nacional que no discrimina niveles de ingresos ni ubicación geográfica.
Las municipalidades distritales son el nivel de gobierno más próximo al ciudadano. Existen para atender cuestiones asociadas a la vida cotidiana, velar por el adecuado uso de la propiedad privada en armonía con el bien común, y para servir de nexo entre los vecinos y la municipalidad provincial. Para poder cumplir cabalmente estos mandatos, deben mantener actualizado el Plan Local de Desarrollo Concertado y el Plan Urbano Distrital, donde identifican las principales aspiraciones y demandas de la población, y las traducen en una cartera de proyectos priorizados.
Como podemos ver, la administración de las municipalidades demanda capacidad de diálogo y gestión, sentido de planificación y continuidad en los procesos, pues solo así se podrán implementar las acciones y obras que los vecinos necesitan para mejorar sostenidamente su calidad de vida. Lamentablemente, la realidad deja mucho que desear, principalmente por la inexperiencia e informalidad de los alcaldes, y por las limitaciones técnicas de sus funcionarios. Si consultamos la plataforma de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, podemos ver cómo en el 2023 solo en cuatro de las 25 regiones el promedio de ejecución presupuestal de las municipalidades superó el 80 % del monto aprobado. En el fondo de la tabla están Ica y La Libertad, donde la inseguridad es alarmante, y Piura, donde las principales ciudades se inundan cada vez que llueve. Como vemos, los problemas no son solo de dinero, sino –y, sobre todo– de cómo saber gastarlo.
En Lima Metropolitana, la situación es similar. El 28 % de los distritos no superó el 80 % de ejecución en el 2023, y dentro de esa lista están algunos con serios problemas de informalidad y pobreza, como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, y otros que se destacan por tener una población homogénea y de altos ingresos, como Miraflores y San Isidro. Si analizamos solamente el gasto para proyectos, Miraflores ocupa el último lugar con solo el 13,4 % ejecutado. En el otro extremo están Santiago de Surco y Santa María del Mar, que ejecutaron el 100 %.
Paradójicamente, lejos de estar enfocándose en mejorar la calidad de la gestión, la atención a los vecinos y la ejecución presupuestal, algunas de estas municipalidades son noticia por el desconocimiento de las leyes y sus competencias, que se traduce en agresiones a ciudadanos, actos de discriminación y violación de derechos, y en la promulgación de ordenanzas que se contradicen con las normas provinciales y nacionales. Sobre lo primero, hemos visto preocupantes noticias sobre personas expulsadas de espacios públicos por el simple hecho de hacer uso de estos; y, sobre lo segundo, vemos cómo distintos distritos han publicado ordenanzas ilegales que pretenden prohibir el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social en su jurisdicción, o el cobro de “compensaciones” para reactivar obras paralizadas.
Queda claro que la informalidad y el desconocimiento de la gestión pública son un problema nacional que no discrimina niveles de ingresos ni ubicación geográfica.
Si bien sería pertinente revisar los requerimientos mínimos para poder ser alcalde, exigiendo una mayor experiencia y más años de residencia en el distrito, creo que es fundamental enfocarnos en los funcionarios de alto rango. Para mejorar la capacidad de gestión debemos reforzar sus capacidades técnicas, incrementar las remuneraciones, darles una mayor seguridad laboral y el respaldo legal para el ejercicio de sus funciones. Recuerdo siempre un pasaje de una reconocida serie danesa en la que un funcionario le dice a otro que su mayor deber es con la institución para la que trabajan, dado que los políticos están de paso. Sería importante que nuestras municipalidades tengan siempre funcionarios con esa claridad y autonomía, para que la planificación y los procesos continúen, protegiendo sobre todo a los ciudadanos. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) tenía esa finalidad, este debiera ser el momento de relanzarla, con un ambicioso programa de capacitaciones y de estímulos para sumar nuevos servidores públicos talentosos y comprometidos en todo el Perú.
Nuestros alcaldes están empezando su segundo año de gestión. Esperemos que tengan la honestidad necesaria para corregir el rumbo y encauzar sus gestiones hacia el servicio de los vecinos.
Fuente: El Comercio – Aldo Facho Dede / arquitecto urbanista