Pedro Castillo va adelante en las preferencias electorales. Hay que reconocer el éxito de su forma de conectar con las demandas de la población a través de un discurso simple pero díscolo.
“Habrá un gobierno con estabilidad jurídica”, dice, para agregar inmediatamente: “vamos a hacer una convocatoria abierta al empresariado”.
No se entiende cómo puede haber una cosa y la otra al mismo tiempo. Estabilidad jurídica significa que no se hace nada contra las leyes, los contratos, la propiedad.
¿Para qué, entonces, una “convocatoria abierta”? ¿Qué quiere decir “sentarse a conversar”?
“Con todo respeto, les vamos a decir”, a los empresarios mineros, “que vamos a terminar con el hambre, con las desigualdades, y ese 70% de utilidades se tiene que quedar para el país y que se lleven 30%, no al revés como es hoy”, dijo el candidato en una entrevista en CNN.
Las cifras que menciona provienen del plan de gobierno de su partido, Perú Libre. No coinciden con las cifras de fuentes oficiales.
La minería aporta aquí el 47% de sus utilidades en impuestos y otras contribuciones. En Australia, el aporte es de 44,3; en Chile, 40,7; y en Canadá, 35,5% (IPE, 2019).
Pedro Castillo y Perú Libre quieren hacer un cambio radical. Pretenden que la minería pague en el Perú el doble del aporte porcentual que hace en Canadá.
Los inversionistas contribuyen con 35,5% en Canadá. Si tuvieran que dar 70% en Perú, serían locos para traer la inversión al Perú y no destinarla a otros países.
Castillo cree que las medidas que propone no ahuyentarán las inversiones mineras. Si eso pasara, recomendó “que se vayan” porque, según él, “vendrán otras”, dado que “la riqueza” como el oro, el uranio y el litio se quedarán en Perú, bajo tierra (RPP, 6 de abril).
¿Cómo concuerda este “que se vayan” con la “estabilidad jurídica”?
No solo son los porcentajes. El hecho de cambiar las condiciones por decisión política ahuyenta la inversión.
El plan de gobierno de Perú Libre reclama la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos.
Tiene la meta de estatizar “los principales yacimientos mineros como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco y Toquepala.” También la de nacionalizar Camisea, pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas.
Los aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras, servicio de pensiones, etc., también “deben ser recuperados y usufructuados en beneficio directo de todos los peruanos”, según el plan de Perú Libre.
La pobreza del país se debe a la mala administración de los recursos fiscales. Los gobiernos regionales tienen, en general, gran responsabilidad en este desastre. Corrupción, incapacidad de gestión, incompetencia administrativa, entre otros defectos, han creado gran parte de la inequidad y la postergación.
Cuando se pide “nacionalizar”, “estatizar” o “conversar” no solo se atenta directamente contra la estabilidad jurídica, sino que se coloca en horizonte nacional el fantasma de la barbaridad regional.
Hoy mismo, antes de los resultados electorales, el discurso díscolo y radical de Pedro Castillo y Perú Libre causan daño. Amenazan, justamente, la estabilidad jurídica a la que quieren remplazar por la política del “sentarse a conversar”.
“Que se vayan” no es la receta que nos sacará de la pobreza y la inequidad.
Fuente: El Comercio – Federico Salazar