Desde sus redes sociales, el exministro de salud, dio detalles de su absolución.
“Después de años de defender mi inocencia ante la justicia y en los medios de comunicación, el Poder Judicial ha dispuesto el sobreseimiento del proceso penal seguido en mi contra por mi gestión durante la pandemia”. Indica que el juez supremo Juan Carlos Checkley acogió el pedido de la propia Fiscalía para archivar el caso.
Hechos por los que se le acusó ocurrieron antes que asuma la cartera ministerial
Agrega, que “esta decisión reivindica mi nombre frente a acusaciones que dañaron mi honra y sirvieron para imponerme diez años de inhabilitación”.
Precisó, que la investigación fiscal acredita un hecho que sostuvo desde el principio: las gestiones y la aprobación de la adquisición de las pruebas cuestionadas ocurrieron antes de que asumiera el Ministerio de Salud.
El requerimiento identifica a su predecesora, Elizabeth Hinostroza, como la ministra que participó en la sesión del Consejo de ministros del 18 de marzo del año 2020, donde se deliberó y aprobó el marco para esa adquisición. Su firma consta en el acta. También documenta su participación en las reuniones sobre la compra. “Yo asumí el cargo el 20 de marzo. Se me atribuyó una decisión adoptada cuando todavía no era ministro y carecía de autoridad para tomarla”, precisa.
Las pruebas rápidas
La Fiscalía, indica que tampoco encontró sustento probatorio suficiente para afirmar que privilegio las pruebas rápidas en perjuicio de las moleculares, ni para vincular su actuación con la ruptura del cerco epidemiológico y las muertes que se me atribuían.
Respecto del oxígeno medicinal, el requerimiento descarta una conducta omisiva o renuente de mi parte. Documenta el proceso de evaluación técnica y normativa para autorizar su uso con una concentración mínima del 93 % y considera jurídicamente incorrecto atribuirme una demora personal en una decisión que requería la intervención de varias entidades.
Persecución Política
Agregó que denuncio la persecución política promovida por Alejandro Muñante y respaldada por la mayoría que controló el Congreso anterior. Utilizaron esas imputaciones para desacreditarme y excluirme de la función pública. Agregó que quienes impulsaron y aprobaron su inhabilitación deben responder políticamente ante el país por una sanción cuyos fundamentos hoy cuestiono también con los resultados de la investigación fiscal.
Afectación a su derecho ciudadano
Aseveró que las consecuencias alcanzaron incluso su derecho ciudadano a votar: a raíz de la inhabilitación, el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó del padrón electoral.
Señala el exministro de salud, que la lucha continúa porque la inhabilitación sigue vigente. El archivo penal no la levanta automáticamente. Exigiré ante las instancias competentes su revocación y la restitución plena de mis derechos.
Fuera de fuego
Para concluir, aseguró que su compromiso con la justicia social y la realización plena del derecho humano a la salud permanece intacto. Seguirá trabajando por un país donde recibir atención oportuna y vivir con dignidad sean derechos que todas las personas puedan ejercer, cualquiera sea su ingreso, su condición social o el lugar donde vivan. La persecución política no va a apartarme de ese compromiso.