Se identificó presunta responsabilidad penal en cinco exfuncionarios.
La Contraloría General detectó irregularidades en la compra de equipos de cómputo, proyectores multimedia e impresoras multifuncionales para diversas instituciones educativas de Pisco, identificando que la municipalidad de dicha provincia aprobó 18 adquisiciones sin justificar su necesidad, no estableció valores de mercado y sólo aceptó la cotización de dos empresas con un dueño en común. Tampoco usó los catálogos electrónicos, ni realizo el procedimiento de selección correspondiente. Por este hecho se identificó a 5 exfuncionarios con presunta responsabilidad penal.
Los equipos tecnológicos fueron comprados en el 2018 por la Municipalidad Provincial de Pisco en atención a la solicitud de la Unidad de Gestión Educativa Local Pisco (UGEL Pisco), con un presupuesto ascendente a 390 mil 120 soles.
El Informe de Control Específico N° 019-2022-2-0409, reveló que el municipio no consideró las condiciones necesarias para el funcionamiento de 238 computadoras, 18 proyectores y 4 impresoras. Además, se estableció valores referenciales de los bienes con cotizaciones de dos empresas que tenían un solo propietario, lo cual denota que no habría existido una intención basada en el bien común sino en un interés particular.
Se comprobó, además, que no se utilizaron los catálogos electrónicos, plataforma donde los proveedores ofertan sus productos con precios competitivos y mayores oportunidades de venta. También se evidenció que las contrataciones fueron por montos menores a las 8 UIT, lo que ocasionó que la municipalidad no realizara el procedimiento de licitación respectiva.
Estos hechos transgreden los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones, el procedimiento de selección, adjudicación simplificada y los métodos especiales de contratación.
Los resultados del servicio de control específico, que comprendió el periodo del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2018, fue notificado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de la Corrupción para el inicio de las acciones penales que correspondan.