El hostigamiento a los periodistas tiene que parar.
Hace exactamente una semana, el carro del periodista Enrique Bayona ardió en llamas. Él viene siendo amedrentado desde hace meses y, en junio, dos sujetos le dispararon desde una moto sin llegar a impactarlo. Bayona es propietario de Palmeras TV, el medio piurano que destapó el caso conocido como Los Operadores de la Reconstrucción, que involucra al congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y a una serie de autoridades y funcionarios en un escándalo de corrupción que el Ministerio Público se encuentra investigando.
Cuatro días después, en Lima, un grupo de personas llegó hasta los exteriores del canal Latina convocados por representantes de ollas comunes para protestar por un reportaje de “Punto final”, el dominical de dicha casa periodística, que reveló que, desde agosto, cuando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le transfirió la responsabilidad de este programa a la Municipalidad de Lima, se han venido entregando menos alimentos de lo acostumbrado. En paralelo, el municipio anunció que denunciaría por difamación a la producción del programa y a su conductora, Mónica Delta, y no dejó que una periodista del canal le formulara preguntas sobre el tema al alcalde Rafael López Aliaga durante una conferencia de prensa celebrada ese día en la sede municipal.
Mientras esto ocurría afuera de Latina, poco menos de una veintena de integrantes de las denominadas organizaciones La Insurgencia y Los Combatientes llegaban hasta la sede de IDL-Reporteros con megáfonos y carteles para proferir insultos contra sus periodistas. No era la primera vez que lo hacían. Ya son incontables los episodios en los que este grupo de violentistas acosan al medio o a su director, Gustavo Gorriti. Aunque en esta ocasión, aprovechando el Halloween, lo hicieron cubriéndose los rostros con máscaras, quizás confiando en que estas serían suficientes para evitar que fuesen identificados. Tras esto, el grupo se movilizó hacia la casa de la periodista Rosa María Palacios, donde repitieron el mismo libreto. Tampoco es la primera vez que ocurre; según Palacios, solo este año han acudido tres veces a su domicilio. Y antes, durante la pandemia, periodistas como Beto Ortiz fueron hostigados en sus hogares, lo que es igual de censurable.
Todos estos sucesos deben ser condenados sin atenuantes por quienes creen que una democracia solo puede sostenerse sobre la base de un periodismo libre. Y esto supone, por supuesto, que ningún periodista sea acosado o sienta que esa sea la consecuencia natural por su trabajo. Quienes buscan lo contrario –o, dicho de otra manera, quienes han celebrado los ataques contra Bayona, Palacios, Latina, IDL-Reporteros y otros anteriores– no creen en la prensa libre.
El problema, no obstante, es mucho más profundo. Recordemos que en los primeros meses del año más de 170 hombres y mujeres de prensa fueron agredidos mientras se encontraban cubriendo las protestas desatadas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. Una circunstancia que ha provocado que muchos reporteros hoy prefieran ocultar su oficio al momento de trabajar, para evitar ser blanco de palos, piedras, perdigones o insultos.
Y, sin embargo, pese a lo peligroso que se vuelve para una democracia tener a sus periodistas bajo asedio, de parte de nuestras autoridades no se escucha al respecto nada más que el silencio. Un silencio que se grafica tanto en la ausencia de una condena enérgica de parte de las cabezas de los principales organismos y poderes del Estado (desde la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, hasta el defensor del Pueblo) contra los ataques que aquí comentamos como en el hecho de que, según el Consejo de la Prensa Peruana, ninguno de los policías que agredieron a los reporteros en las protestas de inicios de año viene enfrentando investigaciones por ello.
Quienes amedrentan y acosan a periodistas buscan, en última instancia ocultar la verdad, tal y como intentan ocultar sus rostros con máscaras o confundidos entre una muchedumbre gritona. Y las autoridades que no hacen nada al respecto parecen estar a gusto con este objetivo.
Fuente: El Comercio – Editorial