Desde siempre hemos venido advirtiendo a través de esta columna, que el problema central de la institucionalidad y gobernabilidad en el país radica y ha radicado en la infame politización del sistema de justicia y de los entes constitucionalmente autónomos junto a los órganos de control de gestión pública.
Hemos mostrado la evolución del problema cuya ruta lógica fue el proceso de sustracción del ámbito de poder del Ejecutivo y del Legislativo la designación, ratificación y destitución de los jueces y fiscales con el fin de garantizar, al menos en teoría, su autonomía institucional y su independencia jurisdiccional o funcional.
Lo mismo ha ocurrido con el Jurado Nacional de Elecciones cuya composición integra a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, universidades públicas y privadas, así como de colegios profesionales, en un colegiado que se suponía libre del contubernio político o ideológico.
El RENIEC y la ONPE también fueron sustraídos de la influencia política del Ejecutivo y Legislativo dejándose en manos del entonces Consejo Nacional de la Magistratura y luego Junta Nacional de Justicia la designación de los jefes de cada una de esas instituciones.
Lo que jamás se pensó ni valoró es la enorme capacidad del poder político para infiltrarse en cada una de las instituciones que elegían a sus representantes que iban a integrar los entes constitucionalmente autónomos que asumían la responsabilidad de construir y garantizar un eficiente sistema de justicia, elegir a los jefes de las instituciones vinculadas a los procesos electorales a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.
Resumiendo, la Corte Suprema de Justicia puede ser infiltrada o manipulada por el poder político cuando los grupos que al interior de ella desean ejercer la hegemonía se confrontan y buscan, cada quien, por su lado, apoyos de distintos sectores políticos en el Ejecutivo y Legislativo, sucediendo lo mismo con el Ministerio Público, de modo que sus representantes ante la JNJ y el JNE ya van con determinado sesgo funcional e ideológico.
Las universidades también son entidades de fácil infiltración y acción política, sino basta analizar el principio y fin de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores y el inicio del deterioro de la actual SUNEDU, en cuya virtud, los representantes que acrediten ante la JNJ y el JNE tampoco constituyen una garantía de imparcialidad al ciento por ciento.
Los colegios profesionales son más fáciles de controlar y no está lejos la exclusión del Colegio de Abogados de Lima en la designación de su representante ante el JNE por la judicialización de conflictos internos plagados de medidas cautelares absolutamente arbitrarias.
El problema del presente es que hay una guerra de poder entre la JNJ que lidera el sistema de justicia contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, situación que ha llevado a tener una imagen nacional donde los que realmente gobiernan son los jueces.
Si no se trabaja y alcanza un pacto nacional para superar este impasse, la gobernabilidad del país, su institucionalidad y gobernanza pueden hacerse trizas y lesionar gravemente el sistema democrático.
Fuente: Expreso – Marcos Ibazeta Marino es abogado.