El caso de Julio Gagó es una lección para los partidos que deciden ignorar el pasado de los candidatos que promueven.
Ayer, en sesión extraordinaria, el Concejo Metropolitano de Lima votó tres asuntos referidos al regidor Julio Gagó, elegido en la lista de Renovación Popular. Primero, su suspensión en el cargo, que fue rechazada, y luego la creación de una comisión investigadora relacionada con él y la modificación de sus responsabilidades en las comisiones municipales que integra, que sí lograron aprobarse.
Todo ello como consecuencia de lo que han mostrado ciertos videos y audios publicados en el portal digital Wayka.pe acerca de los manejos de Gagó con relación a las donaciones de alimentos que recibe la Municipalidad de Lima. En concreto, la procuradora pública adjunta especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas, y la Procuraduría Pública Municipal lo han denunciado por tráfico de influencias. El regidor en cuestión, sugieren las grabaciones, hizo recoger alimentos donados por la Empresa de Mercados Mayoristas por un camión de una empresa que pertenece a su familia y luego los entregó en Villa María del Triunfo como si los hubiera donado él. En un audio en particular, además, se lo escucha agradeciéndole a un comerciante las donaciones y preguntándole si se pueden repetir semanalmente, así como discutir las posibilidades de adelantar una reunión entre el donante y el alcalde Rafael López Aliaga.
En general, la situación presenta a Gagó procurando sacar un beneficio político personal de donaciones que se hacen institucionalmente a la Municipalidad de Lima. Es de destacar, adicionalmente, que los pedidos de investigación y sanción provinieron de la propia Renovación Popular, y que el mismo Rafael López Aliaga ha declarado que una persona bajo una investigación así no puede estar ejerciendo funciones y que, para él, el caso es grave. Una reacción que podría ser considerada un ejemplo de compromiso con la necesidad de garantizar la probidad en el ejercicio de la función pública por parte de las personas a las que ese partido y ese líder promovieron para llegar al concejo; sin embargo, los antecedentes de Gagó advertían del riesgo de que algo así sucediera y fueron sencillamente ignorados por sus auspiciadores de ocasión a la hora de postularlo bajo sus colores.
Nos referimos, como es obvio, a los problemas que el personaje que nos ocupa tuvo cuando era congresista de Fuerza Popular, entre el 2011 y el 2016, y se reveló que estaba detrás de la compañía Copy Depot, que había facturado cerca de S/6,5 millones en ventas al sector público en los últimos años, burlando la Ley de Contrataciones del Estado. La Comisión de Ética de entonces lo suspendió por 120 días sin goce de haberes, pero tanto la fiscalía como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en discutidas decisiones, archivaron el caso. La imagen del hoy regidor, sin embargo, quedó mellada.
Esa circunstancia, no obstante, no impidió que en el 2018 Avanza País lo llevara como candidato a la alcaldía de Lima (sin éxito) ni que Renovación Popular lo incluyera en su lista de regidores en las elecciones del año pasado. Al contrario: lo que esos partidos hicieron fue cultivar una curiosa práctica de reciclaje común entre nuestras organizaciones políticas. Como cualquier persona atenta a los eventos de la escena pública de las últimas décadas sabe, la cantidad de aspirantes a una posición de poder que, sin que sus performances pasadas los perturben, son capaces de pasar en nuestro país de una tienda política a otra y luego a otra más, es pasmosa. Y eso solo se explica porque tales partidos deciden cerrar los ojos ante realidades clamorosas y confiando en la mala memoria del electorado.
A Gagó, en efecto, Renovación Popular no solo lo colocó en una posición expectante en la lista, sino que, ya elegido, lo convirtió en uno de sus voceros más autorizados en el concejo. Una opción que hoy seguramente están lamentando, pero de la que no pueden culpar a nadie más que a sí mismos. Lo ocurrido con él pone en evidencia que hay ocasiones en las que el reciclaje es una mala idea. Y sería ideal que los partidos tomasen nota de ello.
Fuente: Editorial El Comercio