Sobre el cambio de zonificación del valle de Lurín
Hay grupos inmobiliarios, formales e informales, que actúan cual gallinazos, buscando depredar las escasas áreas agrícolas, las zonas intangibles destinadas a la recreación y los espacios arqueológicos o separados para servicios públicos. Lo peor es cuando la autoridad metropolitana de Lima actúa casi como una mesa de partes de estos intereses, pisoteando normas o planes que, a duras penas, buscan salvaguardar esas áreas; y con un poder mediático que se hace de la vista gorda.
El pasado jueves 11 de marzo, mientras los limeños estábamos más preocupados en cuidarnos de la pandemia o en ver las encuestas presidenciales, de manera sorpresiva el Concejo Metropolitano aprobó un cambio de zonificación del valle de Lurín, afectando áreas destinadas para uso agrícola, para que sean usadas en el comercio y la industria. El cambio drástico para fines de habilitación urbana impactaría sobre el entorno ecológico de Lurín, afectando zonas culturales como el Santuario Arqueológico de Pachacamac. De inmediato la protesta de la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Cultura y de Vivienda y Construcción, así como de organizaciones vecinales y de algunos regidores metropolitanos, no se hizo esperar.
De prosperar de manera definitiva la mencionada ordenanza, unas 1,700 hectáreas que hoy tienen uso agrícola, de recreación y esparcimiento pasarán a tener usos destinados a fines comerciales y residenciales. Un verdadero atentado contra el medio ambiente y la cultura. El agravante es que esta nefasta iniciativa se da en un contexto en el que el Ministerio de Vivienda tiene un convenio vigente de 12 millones de soles para elaborar el Plan de Desarrollo Metropolitano al 2040 (Plan Met 2040), por parte de la Municipalidad de Lima. Dicho documento busca regular la gestión del desarrollo urbano desde cinco dimensiones: geográfica, social, económica, política y urbanística. Esa millonaria suma de dinero no servirá para nada si la gestión hace lo que quiere, sin tener la opinión de los técnicos que elaboran ese plan y que, dicho sea de paso, deben ganar buenos honorarios profesionales.
El Proyecto de Reajuste Integral de Zonificación del Valle Bajo y del distrito de Lurín dispone, entre otras cosas, que los terrenos de la cuenca baja del valle del río Lurín, cuyo uso hasta el momento se encuentra permitido únicamente para casas huerta o fines agrícolas, puedan ser destinados para la construcción de viviendas u otras edificaciones con parámetros de densidad baja y media. Se establece que la zona del trapecio de Lurín, en las inmediaciones del Santuario de Pachacamac, cambiaría de zona de tratamiento especial a comercio especial, disminuyendo los mecanismos de protección a una zona de amortiguamiento. En la misma orientación normativa, se permitiría edificaciones de varios pisos en el área costera del distrito, lo que contradice el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de la propia Municipalidad Metropolitana de Lima, que califica a la zona de muy alto riesgo ante posibles tsunamis.
Estas modificaciones se aprobaron sin tener en cuenta, por un lado, los impactos ambientales que se podrían causar –por ejemplo, la desaparición del valle agrícola de Lurín y de su entorno paisajístico, al ser sustituidos por construcciones para fines comerciales y residenciales–; y por otro, los efectos ante posibles desastres naturales, tal como han alertado diversas entidades técnicas. Llama la atención que esta iniciativa cuente con el respaldo de la propia Municipalidad Distrital de Lurín, cuando debería ser la entidad que defienda los intereses de los ciudadanos.
La ordenanza aprobada ignoró la opinión técnica que sobre el proyecto han publicado entidades como el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de Cultura; tampoco se tomó en cuenta la participación ciudadana en el proceso de evaluación del proyecto. Las mismas entidades recomendaron priorizar la culminación de la formulación y aprobación del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, de manera previa a toda propuesta de reajuste de zonificación. Solo así se logrará una ciudad sostenible, con estrategias de desarrollo articuladas y que contemple la aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica, y que haga posible la evaluación de sus riesgos ambientales, así como la adopción de medidas al respecto.
Las referidas entidades proponen que la MML reconsidere esta decisión, sobre todo porque resulta contradictoria cuando se viene elaborando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima 2021-2040. Todo indica que la controversia va en aumento y podría dar lugar a acciones legales para cautelar el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida en entornos saludables. Todo ello en vista de que es indispensable que las autoridades se comprometan con un proceso ordenado para la gestión de nuestro territorio a fin de lograr un desarrollo humano y sostenible.
Los burócratas de la comuna metropolitana podrían ser más creativos en combinar, de modo equilibrado, la tradición sobre el uso de ese espacio territorial con la generación de espacios para industrias limpias, que pueden ser compatibles con estándares ambientales. Por ejemplo, el valle de Lurín produce magníficos resultados agropecuarios, que se pueden vender en la gastronomía, con alta rentabilidad. Se puede crear un Parque Rural y Cultural Metropolitano que integre valle, lomas, humedales y litoral, y en estrecha relación con pequeños negocios ecológicos y que generen empleo. Se podría activar la Ordenanza Metropolitana 1814 del 2014 que propone la creación de un fideicomiso donde se depositen los aportes de la renovación y habilitación urbana de sectores públicos y privados. Es decir, en Lurín puede haber industria, puede promoverse programas de vivienda, pero bajo un enfoque que busque el equilibrio y no afecte el patrimonio cultural.
Pero las empresas inmobiliarias, formales e informales, quieren lo más fácil para hacerse de la plusvalía urbana al menor costo y de la manera más rápida. Esos son los gallinazos depredadores que sobrevuelan ahora sobre los pocos espacios agrícolas y culturales en el Valle de Lurín y Pachacamac; y que tienen al alcalde de Lima, al alcalde de Lurín y a decenas de regidores como aliados. Afortunadamente, diversas organizaciones sociales, vecinales y ecológicas se están movilizando para bloquear esta nefasta iniciativa.
Escribe: Neptalí Carpio Soto – periodista