Un 5 de abril de 1992, es decir 32 años después, al calor de los resultados, pasados los años, podría decirse que el golpe de Estado, promovido por Alberto Fujimori, quien llegó al poder democráticamente, para lo único que sirvió, es para corromper el Estado.
Los poderes del Estado que gozan de autonomía como el Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, JNE, Tribunal Constitucional envueltos en serias y sendas acusaciones de corrupción, con la elección de sus autoridades, producto de componendas políticas desde el interior del Congreso.
El Congreso de la República, es el reflejo de la más grande corrupción del Estado, salvo honrosas excepciones. Aprobando leyes en favor de la corrupción en todos los niveles del Estado, negando la devolución de los dineros de los trabajadores del Perú como el FONAVI, AFP, pensiones justas a la ONP, entre otros, que fueron arrebatados de los bolsillos de los trabajadores con sendas leyes aprobadas por el Congreso. Un Congreso que renunció a su principal papel de fiscalizador, para servir a la corrupción y sus corruptos.
La figura presidencial, se encuentra totalmente destruida por la corrupción. Desde el golpe de estado de Alberto Fujimori, un 5 de abril de 1992, todos los presidentes han terminado detenidos o enfrentan sendos procesos judiciales por corruptos, incluso la actual presidenta Dina Boluarte, enfrenta una seria acusación de enriquecimiento ilícito en uso del poder político.
Nuestra economía, está sometida al artículo 62 de la Constitución fujimorista, que permite concesiones como la de los peajes en todo el país sin dejar de mencionar concesiones mineras, pesca o la moda de obras por impuestos.
Nuestra economía esta sostenida por la informalidad. 80 % de la actividad económica de nuestro país es generada por hombres y mujeres que carecen de derechos laborales, por que son independientes. Aquí, no debemos olvidar la explotación del trabajo infantil.
El tesoro público de nuestro país, según el Contralor General de la República, solo en el año 2023, ha perdido 24 mil millones de soles por efectos de la corrupción. Los responsables son autoridades y funcionarios públicos sin ningún detenido ni procesado por esta millonaria malversación de los dineros de todos los peruanos.
La salud en nuestro país, se encuentra en estado de Coma. La infraestructura hospitalaria no sirve para atender una emergencia sanitaria como la que nos afectó con la pandemia de la Covid-19.
Nuestra educación destruida. La infraestructura de los colegios en nuestro país, en su mayoría no cuenta con servicios básicos. La deserción escolar aumentó en relación a la crisis económica que obliga a nuestros hijos tener que trabajar para apoyar la economía del hogar.
El flagelo de la desnutrición y anemia, se ha incrementado en perjuicio del desarrollo personal de nuestros niños, futuro del Perú.
Los derechos Laborales, en nuestro país, se encuentran marginados, indiferentes a las autoridades de gobierno de turno y de los empresarios de nuestro país.
Los recursos naturales en nuestro país, como el agua, se encuentran contaminados en sus fuentes de aguas por la explotación irracional de la minería formal e informal. Miles de hectáreas de bosques destruidos por la minería informal.
Los relaves mineros de Tamboraque y la presencia de la mina Ariana son una amenaza para las aguas del río Rímac que abastecen del líquido elemento a Lima y sus más de 10 millones de habitantes.
El tráfico de tierras y su depredación de las tierras de las comunidades campesinas, ha llevado a la pobreza a miles de campesinos en el país.
Los partidos políticos, desde el año 1992, han sufrido la descomposición del Estado y el embate de la aparición de agrupaciones políticas autodenominados independientes, que financiadas por economías oscuras, han logrado capturar instituciones como la Presidencia de la República y controlar la designación de ministros que responden a los intereses económicos oscuros que financian campañas políticas, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia que nombra y cesa magistrados, Banco Central de Reserva del Perú.
Frente a esta situación, dramática, no es acaso cierto, la necesidad de promover y convocar una asamblea constituyente, cuyas voces representen e impulsen un verdadero cambio social, político y económico de nuestro país.
El fujimorismo, no ha necesitado estar en el Gobierno para destruir nuestro país, le ha bastado capturar el Congreso y desde allí por ejemplo impulsar el retorno de una bicameralidad que el propio fujimorismo destruyó y para aprobarlo modificó 50 artículos de la Constitución que ellos mismos, aprobaron en el año 1993.
Tenemos una Constitución de parches que no solucionan los graves problemas del país. Es hora de actuar en democracia. Con responsabilidad y convicción social.
Post data:
Título VII Disposición Final de la Constitución de 1979
Art. 307.- Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone.
El tercer párrafo de este mismo artículo constitucional, precisa:
El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparado de la usurpación para resarcir a la república de los perjuicios que se haya causado.