La Defensoría del Pueblo y gremios periodísticos se pronunciaron sobre la sentencia judicial contra el periodista Christopher Acosta, por supuestos daños al honor del excandidato presidencial, César Acuña.
Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación ante la expedición de una sentencia condenatoria en contra del periodista Acosta por la publicación del libro, Plata como cancha: secretos, impunidad y fortuna de César Acuña.
“La Defensoría del Pueblo reitera que es incompatible con el sistema constitucional y democrático el empleo de mecanismos de persecución penal para reprimir la libre difusión de ideas, máxime cuando estas versan sobre asuntos de relevancia pública”, señaló el comunicado.
Además, la Defensoría solicitó al Poder Judicial que cumpla con respetar los estándares que protegen la libertad de expresión, argumentando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado la especial protección que gozan los discursos o informaciones sobre funcionarios y personajes públicos.
De igual forma, el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Periodistas de Lima expresaron su rechazo y desacuerdo con el fallo del juez Raúl Rodolfo Jesús Vega, señalando que los argumentos desarrollados por el magistrado son inaceptables desde el punto de vista de la labor periodística.
“Consideramos que los argumentos desarrollados por el citado magistrado en contra del autor del libro son inaceptables desde el punto de vista de la labor periodística, por cuanto sienta un peligroso precedente contra la libertad de expresión en lo referido al uso pertinente de lo que se concibe por fuente de información”, indicaron en el comunicado.
En el lado internacional, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) lamentó que en el Perú se sigan utilizando las demandas de figuras públicas y los procesos penales en contra de los periodistas como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público.
Además, la organización internacional solicitó al Congreso peruano que legisle «con urgencia» para descriminalizar los delitos contra el honor.
Fuente: Andina