Ante la publicación de la Resolución Directoral Nº 0022-2020-EF/50.01 el pasado 19 de julio 2020, las oficinas de prensa de algunas municipalidades han inundado las redes sociales resaltando el éxito alcanzado por sus autoridades.
Las metas COVID-19 han nacido en medio de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno. Ha tenido como objetivo medir la efectividad de los municipios para distribuir por encargo del Gobierno, canastas de víveres, ordenar mercados de abastos y generar espacios para el comercio ambulatorio. La meta COVID-19 no evalúa la gestión en mejoramiento de los servicios públicos o ejecución de obras públicas menos recaudación de impuestos y tributos.
El cumplimiento de las metas COVID-19 fue una formula o “ayudita” del Gobierno para otorgar una transferencia de recursos que les alivie a los municipios el recorte de las transferencias del FONCOMUN que afecta seriamente los presupuestos de inversiones de los gobiernos locales producto de la emergencia sanitaria y la cuarentena de más de 100 días que han tenido que afrontar, todas las actividades económicas en el país.
El otro aspecto que no se evalúa es la situación de las denuncias e investigaciones sobre entrega de canastas familiares a poblaciones vulnerables, sin embargo, los resultados de cumplimiento de las metas COVID-19 parecen la entrega de un certificado de buena conducta a malos funcionarios y autoridades.
Los cumplimientos de metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal tienen como objetivos medir las metas de efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades vinculando el financiamiento a la consecución de resultados asociados a mejorar la calidad de los servicios públicos y la ejecución de inversiones o mejorar sus niveles de recaudación y la gestión de tributos municipales.
De una revisión a la ejecución presupuestal de los gobiernos locales en el portal de transparencia del MEF apreciamos que muchos no superan el 30% a 7 meses de gestión del segundo año de gestión del periodo 2019 – 2022.
En el caso de ejecución de inversiones, siempre revisando el portal de transparencia del MEF vemos que los Gobiernos Locales ejecutan apenas el 0.2% de su presupuesto. Y llama la atención por ejemplo que alcaldes mediáticos para la prensa y redes sociales no han ejecutado ni siquiera el 10% de su presupuesto de inversiones, reitero a 7 meses de este año 2020.
La emergencia sanitaria, esta pasando una factura muy fuerte a los gobiernos locales. En una última reunión con la Ministra de Economía, el alcalde de Lima y los alcaldes distritales como consecuencia de la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 081-2020, más de un alcalde precisó que arrastran deudas debido a la falta de recaudación por el cierre de sus plataformas de atención al contribuyente y sobre todo por el recorte de las transferencias de los recursos del FONCOMUN que alcanzan en muchos casos hasta el 40% en relación a meses comparados de años pasados.
Incluso, los propios alcaldes en sus intervenciones hicieron notar que las municipalidades en esta emergencia sanitaria no están pagando las aportaciones al Seguro Social, AFP’s, servicios de agua y luz y los servicios concesionados de limpieza pública.
Para concluir, lejos de resaltar el cumplimiento de metas COVID-19 los funcionarios municipales deberían estar abocados en relanzar las gestiones municipales con nuevas alternativas para atraer a los contribuyentes y estos cumplan con sus obligaciones. Esto solo se hace mejorando los servicios de limpieza pública, barrido de calles, mantenimiento de parques y jardines, así como optimizando los servicios de la seguridad ciudadana.