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La salud no fue abandonada, fue tomada por la corrupción

No es falta de presupuesto, es exceso de corrupción, que sifonea medicamentos a farmacias privadas, malogra deliberadamente equipos para derivar pacientes a consultorios privados, e impide una gestión racional, meritocrática y por resultados

No pasó mucho tiempo para que la pandemia se convirtiera en apetitoso botín ideológico para algunos, que ya empezaron a repartir culpas para cosechar seguramente en las elecciones. Sinesio López (“La República”) acusa a la “derecha neoliberal” de haber “construido un Estado en el que sus aparatos económicos (MEF, BCR, SBS, etc.), al servicio del capital, recibieron todo el apoyo, mientras los aparatos sociales… fueron abandonados a su suerte… Se hizo perversamente que la salud pública y educación pública fueran un desastre para convertirlas en un negocio privado”.

Pero quien llevó al Estado social a su mínima expresión fue el socialismo intervencionista y estatista de los años 70 y 80, al punto que hacia la segunda mitad de los 80 los hospitales públicos carecían hasta de jeringas y los médicos cobraban por atender en clínicas privadas al interior de los hospitales: una verdadera privatización “fáctica”.

Más bien fue la relativa liberalización y privatización a partir de los 90 la que permitió reconstruir paulatinamente el Estado, y de una manera notable considerando los escombros en los que quedó luego del experimento socialista.

En los últimos 20 años el presupuesto del sector Salud ¡se ha multiplicado por 7 en soles constantes!, es decir, en términos reales (IPE). Y se ha multiplicado por 3 como porcentaje del PBI, y por 2 como porcentaje del presupuesto. Lo que significa que no solo ha tenido muchos más recursos, sino que ha recibido un tratamiento prioritario en el presupuesto nacional, a costa de otros sectores.

Entonces es un mito, una mentira escandalosa, lo de que la salud pública fue abandonada. La pregunta es qué se hizo en el sector con esos mucho mayores recursos que los tecnócratas “neoliberales” aprobaron y que los impuestos pagados por las empresas posibilitaron. La respuesta hay que pedírsela a un sistema de gestión patrimonialista dominado por la corrupción y los intereses particulares de sus distintos estamentos, donde los recursos se desvían a toda clase de beneficiarios menos a los pacientes.

No es falta de presupuesto, es exceso de corrupción, que sifonea medicamentos a farmacias privadas, malogra deliberadamente equipos para derivar pacientes a consultorios privados, e impide una gestión racional, meritocrática y por resultados.

Evidentemente no son los “neoliberales” quienes operan ese sistema patrimonialista. Entonces sería bueno que las fuerzas políticas y no políticas honestas –si cabe el término–, en lugar de enrostrarse culpas, se sentaran a discutir qué cambios introducir para alcanzar un sistema de salud eficiente. Pero eso requiere despojarse de intereses políticos y económicos y atenerse a los números. Sería condenable una “solidaridad de clase” en la corrupción.

Por eso, la iniciativa de Transparencia de convocar a un nuevo “Acuerdo Nacional”, no puede consistir, como el anterior, en ponerse de acuerdo en lo que todos estamos de acuerdo. Sino en plantear los problemas que tenemos que resolver y buscar acuerdos sobre qué hacer. Uno de ellos es la reforma del sistema de salud. En general, el gran tema es la incorporación de todos a la República, que tiene dos dimensiones: a la ley (formalización), y a servicios públicos de calidad (universalización). ¿Qué hacer para lograrlo? Esa debe ser la agenda.

Escribe: Jaime De Althaus – El Comercio

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