Dina Boluarte, siempre tan preocupada por mantenerse en el poder, probablemente firmará cualquier cosa que le asegure un día más en Palacio de Gobierno.
Nuestros queridos legisladores, siempre tan preocupados por el bienestar de la nación, han decidido resucitar las prácticas más anacrónicas de la censura con su nueva ley de cine y la propuesta de intervención en el órgano que administra TV Perú y Radio Nacional. Porque, claro, nada mejor que reforzar la democracia controlando lo que el público puede o no ver en un país que alguna vez soñó con la libertad de expresión.
La inspiración para esta joya legislativa, con la congresista Adriana Tudela a la cabeza, parece extraída directamente del manual de la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado. Así, en aras de un cine nacionalista, se creó en 1974 la Junta de Supervigilancia de Películas, donde se negaban fondos a proyectos audiovisuales críticos al régimen o cuestionadores de la sociedad en la que vivíamos.
Ahora, cualquier proyecto de película que no haga reverencias a principios vagos y subjetivos como “atentar contra el Estado de derecho”, “contravenir la defensa nacional” o “la seguridad y el orden interno del país” podrá ser eliminado de un plumazo por una dirección administrativa del Ministerio de Cultura. Porque, ¿quién mejor para decidir sobre la valía artística que un burócrata con miedo a perder su puesto?
Y si alguien pensaba que la discriminación ya había sido eliminada del Perú, se equivoca. Esta ley también se asegura de que los cineastas de fuera de Lima tengan que cubrir el 50% de sus costos antes de recibir un centavo del Estado. Además, la nueva ley encarga la comisión fílmica –encargada de promover, facilitar, brindar apoyo logístico, permisos y recursos a cineastas extranjeros– a PromPerú. Total, no es que necesiten saber algo sobre cine, ¿verdad? Es como poner a un jardinero a pilotear un avión: seguro saldrá bien.
Nuestros legisladores, en su infinita sabiduría, también han decidido ignorar propuestas más sensatas como la creación de una cinemateca o la discusión sobre la cuota de pantalla. Al fin y al cabo, ¿quién necesita pensar en el cine nacional cuando podemos centrarnos en destruirlo?
Para poner la cereza sobre el pastel, la ministra de Cultura ha insinuado que podría observar la ley, aunque expresó su disposición por modificar los criterios en la concesión de estímulos económicos al cine. Claro, porque, después de tanto destrozo, un poco de maquillaje legislativo seguro arreglará todo, con la certeza de que la presidenta Dina Boluarte, siempre tan preocupada por mantenerse en el poder, probablemente firmará cualquier cosa que le asegure un día más en Palacio de Gobierno.
Pero no contentos con este desastre, la Comisión de Descentralización del Congreso, presidida por el congresista Alejandro Cavero y a propuesta de su colega de bancada Rosselli Amuruz, ha aprobado la incorporación de representantes del Parlamento y del Poder Judicial en el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Es obvio que esta incorporación comprometería la autonomía e independencia del IRTP, facilitando la interferencia política aún más en los contenidos de TV Perú y Radio Nacional.
Lo más irónico es que ambas iniciativas han sido impulsadas por congresistas de Avanza País, un partido que proclama la libertad como su principio irrenunciable. ¿Libertad para qué? ¿Para imponer censura y controlar medios?
Así, estas iniciativas legislativas nos dejan una lección valiosa: cuando los políticos dicen que están trabajando por la libertad, asegúrese de revisar las letras pequeñas. No vaya a ser que, entre líneas, lo que realmente estén diciendo es que quieren decidir qué puede ver, leer y pensar. Porque en el Perú de hoy, el desprecio por el ciudadano se ha convertido en la única realidad.
Fuente: El Comercio – Hugo Coya es Periodista