El defensor ambiental Rómulo Fernández Medina advierte que la crisis hídrica, la deforestación y el abandono de los pueblos indígenas están ausentes de los planes de gobierno, poniendo en riesgo la viabilidad y el desarrollo sostenible del país.
A medida que el país se adentra en el proceso electoral para el 2026, los discursos políticos se centran casi exclusivamente en el crecimiento económico, la seguridad ciudadana, la infraestructura y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, una crisis silenciosa pero devastadora amenaza el futuro de la nación, y los candidatos parecen mirar hacia otro lado.
Rómulo Fernández Medina, comunicador social ambiental y defensor del agua y los bosques, ha lanzado una dura advertencia sobre esta omisión en la agenda política nacional. Según el experto, «cuatro pilares estratégicos para la supervivencia y el desarrollo sostenible del país —el agua, los bosques, la seguridad alimentaria y los pueblos indígenas— continúan relegados a un segundo plano».
Un país megadiverso al borde del colapso
El Perú ostenta el título de ser uno de los 17 países megadiversos del planeta, poseyendo el 71 % de los glaciares tropicales de Sudamérica y cerca del 10 % de las especies de flora del mundo. No obstante, Fernández alerta que el deterioro avanza a un ritmo alarmante.
«Se pierden en promedio 155,000 hectáreas de bosque por año», señala el especialista, agregando que los glaciares peruanos se han reducido en más del 50 % en las últimas décadas. La inacción estatal también se refleja en la gestión de los pasivos ambientales: existen más de 8,400 pasivos mineros y alrededor de 3,000 petroleros, de los cuales apenas el 6 % ha sido remediado.
La gran paradoja del agua en el Perú
A pesar de ser el octavo país con mayores reservas de agua dulce a nivel global, el Perú atraviesa una severa crisis estructural de distribución y gestión. Fernández subraya una contradicción geográfica y demográfica fatal: el 59% de la población vive en la costa, donde solo hay un 1,5 % del agua disponible; en contraste, la Amazonía alberga el 98 % del recurso hídrico, pero sus habitantes sufren por la falta de agua de calidad.
El panorama de saneamiento es igualmente crítico:
3,3 millones de peruanos carecen de acceso a agua potable.
6,4 millones no cuentan con alcantarillado.
Solo 16 de las 159 cuencas hidrográficas del país tienen planes de gestión vigentes.
«Sin una política de Estado efectiva […] la seguridad hídrica seguirá siendo una promesa incumplida», advierte Fernández.
Amazonía: Entre la ilegalidad y el abandono estatal
La situación en la Amazonía peruana es catalogada como crítica. La presión de la tala ilegal, la minería aurífera, el narcotráfico y la expansión agrícola desordenada están devastando el territorio. Fernández denuncia que la región está amenazada por la entrega de concesiones para la extracción de minerales, señalando que existen 799 concesiones mineras superpuestas en áreas sensibles que abarcan 158,580 hectáreas.
En medio de esta depredación, las comunidades indígenas son las más afectadas y las menos escuchadas. La defensa del territorio tiene un costo altísimo: entre 2012 y 2024, 62 defensores ambientales fueron asesinados en el país, lo que convierte al Perú en uno de los lugares más peligrosos para el activismo ambiental.
El caso crítico de San Martín
Para ilustrar el abandono en la Macro Región Oriente, Fernández expone la cruda realidad de la región San Martín. Allí, solo el 29 % de la población rural tiene acceso a agua segura, y más del 70 % de los caseríos carecen de un servicio adecuado. Además, en la cuenca del río Huallaga se han identificado más de 350 fuentes de contaminación por aguas residuales y residuos sólidos.
El reto para el 2026
Frente a este escenario, Rómulo Fernández es categórico al afirmar que el debate electoral ya no puede ignorar lo esencial. El país requiere urgentemente gobernanza territorial, fortalecimiento institucional y planificación por cuencas.
«El agua no es un recurso más. Los bosques no son territorios vacíos. Los pueblos indígenas no son actores secundarios», sentencia el defensor ambiental.
Las elecciones de 2026 representarán una decisión de fondo para el Perú. Los votantes y los candidatos deberán decidir si el país continuará apostando por un «modelo extractivo de corto plazo o por un desarrollo sostenible, inclusivo y territorial que garantice futuro para las próximas generaciones».
Fuente: Inforegión