“Lo peor sería una nueva constituyente. Empezaríamos de cero este doloroso proceso de aprendizaje sobre lo que hay que cambiar”.
La crisis política no tiene un escenario final claro. Hay gente que se manifiesta porque no se siente representada por el actual presidente.
Se sentirán acompañados los que, como en mi caso, no se han sentido representados por ningún presidente, nunca.
Cómo no recordar, por ejemplo, el último año de Alejandro Toledo, con solo 7% de aprobación. Tenía ya acusaciones graves, y tuvimos que tolerarlo.
El Congreso actual se instaló al inicio de la pandemia en marzo pasado. La mayoritaria corriente contra el Congreso anterior eligió al nuevo Congreso.
El Congreso actual, sin embargo, es un hijo no reconocido de ese elector. Lo fue desde antes de la vacancia y, obviamente, lo es más después de ella.
La mayoría congresal creyó que el poder dependía solo de la legitimidad de origen. Actuó solo mirándose al espejo.
En su sobregiro emocional por el poder, esa mayoría hizo un favor a Vizcarra. No dejó, por ejemplo, que se conozcan más denuncias o testimonios sobre los sobornos que habría recibido el expresidente.
Las denuncias y revelaciones sobre Vizcarra pasaron, de hecho, a un segundo plano. Este Congreso creyó que populismo significaba popularidad. No se preocupó por conocer cuál era su imagen ante la opinión pública.
Cuestionado como estaba y está, eligió al sucesor de Vizcarra, aprovechando la ley. Nos dejó, así, en un callejón, con poca salida.
En la declaración de incapacidad moral permanente no hubo infracción de la Constitución. El Tribunal Constitucional no tiene cómo corregirlo.
Lo que ha habido es el aprovechamiento de un hueco de la Constitución. El TC solo podrá pronunciarse a futuro. De manera implícita, tendrá que legalizar el desatino de la mayoría congresal.
En los debates de la constituyente se habló de la necesidad de dejar abierta la cláusula del artículo 113. Un exhorto del TC el 2003 permitió acotarla, a través, al menos, de un cambio en el Reglamento del Congreso.
Antes, la votación podía ser por mayoría simple. No era lógico que para censurar a un ministro se requiriera mayoría calificada y simple para la vacancia del cargo de presidente (Res. 00006-2003-AI/TC, fundamento 26).
En ese momento el TC cuestionó la calificación de la mayoría. No objetó la facultad del Congreso de declarar la “permanente incapacidad moral” de esquema abierto.
La ciudadanía denuncia que hubo intereses personales en el uso de este dispositivo. Parece haber poco espacio para dudarlo. Debe denunciarse formalmente.
No parece haber juego para resolver por la vía legal el embrollo político causado. El problema, además, no se origina en la Constitución, sino en la representación.
El sistema electoral permite y hasta estimula que cada vez más gente cuestionada o menos capaz llegue al Congreso. El voto preferencial y la cifra repartidora permiten que el grupo más votado ponga congresistas con unos cuantos miles de votos.
Es absurdo que unos pocos miles de electores impongan al resto legisladores contra lo que piensan millones de otros electores.
Tenemos que reformar el sistema por el que podemos elegir, con elecciones incuestionadas, representantes cuestionados y cuestionables.
Lo peor sería una nueva constituyente. Empezaríamos de cero este doloroso proceso de aprendizaje sobre lo que hay que cambiar. Saquemos de esta crisis, por lo menos, esta imprescindible reforma.
Escribe: Federico Salazar – El Comercio