Los proveedores no queremos préstamos, queremos que nos paguen, señala su vocera Isabel Agurto Marquina. “Solo en Lima, 7 municipios adeudan más de 100 millones de soles y las mesas de parte no atienden ni de manera virtual”.
Isabel Agurto Marquina, presidenta de la Asociación de Contratistas del Estado se refirió a los últimos anuncios del presidente Martín Vizcarra y señaló, “nosotros representamos a cerca de 150 proveedores en todo el país que al día de hoy y por solo dar un ejemplo, tienen pendiente de cobranza solo con los 7 municipios de la capital, un aproximado de cien millones de soles. Es inconcebible”.
Agurto Marquina agregó, “si consideramos lo anunciado por el presidente de la República Martín Vizcarra en esta etapa de la pandemia COVID-19 que, desde el 15 de abril pasado las entidades públicas tienen la obligación de realizar el pago de sus deudas y que, para tal medida, se dispone que sea el ministerio de Economía y Finanzas quien atienda las demandas adicionales de presupuesto para el cumplimiento del pago de las prestaciones, debería existir ya un pronunciamiento oficial o decreto de urgencia de parte de la titular del sector, dado que los miles de proveedores a nivel nacional, también tenemos familias y muchos somos pequeños emprendedores que nos arriesgamos a formalizarnos -con todo lo que conlleva- y nos endeudamos con los bancos, mutuales o financieras para sacar adelante nuestros negocios, nuestras familias y porque no decirlo, al país”.
Si adicionalmente consideramos, refirió la presidenta de la Asociación de Contratistas del Estado que, “actualmente, las instituciones públicas han disminuido sus gastos corrientes -la gran mayoría de sus trabajadores no está acudiendo a sus centros de labores por las restricciones ya conocidas y mucho menos se encuentran atendiendo de manera física al público, por ejemplo-, existe entonces una contradicción entre lo expuesto por el ejecutivo y las medidas para su correcto cumplimiento, como lo es la destinación obligatoria de partidas presupuestales para el pago de deudas de ejercicios anteriores”.
Remarcó Isabel Agurto, “necesitamos se emita un decreto que exija la obligación el pago de deudas a proveedores que cuenten con toda la documentación pertinente a fin de dar liquidez a las empresas en esta etapa de crisis sanitaria y económica -deudas en etapa administrativa con conformidades, informes y resoluciones, así mismo las otras deudas que han sido judicializadas y ganadas en laudos arbitrales-, asimismo, otro decreto que señale directamente al ministerio de Economía y Finanzas como el encargado de otorgar presupuesto -de ser necesario- a los municipios y gobiernos regionales, a fin de que sea éste utilizado única y exclusivamente para el pago de deudas. Es el ministerio de Economía y Finanzas quien debe autorizar la utilización de partidas presupuestales destinadas a proyectos de inversión -no asociados a la lucha contra la pandemia- para que las entidades públicas puedan modificarlas y disponerlas para el pago de deudas”.
Agregó la presidenta de la Asociación de Contratistas del Estado, “el ministerio de Economía y Finanzas debe otorgar las demandas adicionales a las entidades que lo han venido requiriendo para el pago de deudas de ejercicios anteriores y que sea la Contraloría General de la República quien supervise y sancione drásticamente a los funcionarios que no acaten el pago de deudas de los miles de proveedores a nivel nacional”.
Finalmente, Isabel Agurto remarcó, “el día de ayer se ha aprobado mediante el Fondo Crecer el acceso a créditos y garantías para el financiamiento de adelanto de facturas, también conocido como “factoring”, mediante el Decreto de Urgencia 040-2020. Esto a fin de que puedan atender las demandas de capital de trabajo de las MYPES. Nosotros como proveedores no solicitamos prestamos ni financiamientos: QUEREMOS QUE NOS PAGUEN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS. La morosidad, deuda estatal y el COVID-19 no solo liquidan empresas, están matando a miles de familias”, puntualizó.