La SUTRAN ha perdido autoridad en las carreteras del país y ese es un alto riesgo para todos.
El caos del transporte urbano en el Perú –con informalidad, colectiveros, unidades piratas y penetración de mafias violentas– tiene paralelos claros en la situación del transporte interprovincial. En respuesta a la falta de orden en el sector, esta semana los gremios que conforman la asociación de transporte Cotrap-Apoip anunciaron que sus miembros dejarán de acatar, por al menos dos días, las acciones de control de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
Así, durante el 2 y 3 de noviembre, aproximadamente 300 buses de transporte interprovincial se saltarán a su regulador para protestar por el mal estado de las carreteras y el crecimiento del transporte informal. Representantes del transporte formal de ocho regiones se quejan de un trato injusto: mientras que, a ellos, dicen, se les imponen regulaciones estrictas, los informales incumplen diariamente todas las disposiciones de seguridad y operación sin ninguna fiscalización o sanción de las autoridades.
Sin duda, la efectividad de la SUTRAN en este aspecto ha sido pobre. La informalidad en el transporte interprovincial es prevalente; basta con visitar casi cualquier terminal formal a lo largo del país para identificar, a poca distancia, a los ‘jaladores’ de las unidades informales. En las cifras de accidentes en carretera, los vehículos sin autorización para transportar pasajeros son actores centrales. El problema no es solo la competencia desleal hacia las empresas formales, sino sobre todo el caos y el riesgo que se generan en las pistas.
Aun así, ninguna asociación de transportistas tiene derecho a elegir, unilateralmente, cuándo dejar de cumplir las normas vigentes. El precedente es nefasto y opuesto a cualquier principio del Estado de derecho. De tolerarse, no existiría mayor justificación para evitar que el día de mañana las entidades financieras decidiesen incumplir temporalmente con la SBS en protesta contra los créditos gota a gota, los empleados saltarse a la Sunafil para llamar la atención sobre el trabajo informal, o los contribuyentes dejar de pagarle a la SUNAT debido a empresas informales que tienen menores costos. El resultado, por supuesto, es una sociedad en caos y sin imperio de la ley.
El principio de orden sobre las vías debe ser, más bien, fortalecido. Los empresarios de transporte formales que protestan por la permisividad sobre los informales tienen un punto. Al mismo tiempo, la autoridad, seguridad y el respeto de la SUTRAN no deben estar en juego. Este mes, por ejemplo, ocho de sus fiscalizadores y el chofer que los transportaba fueron salvajemente emboscados en Apurímac tras un operativo. Uno murió y al menos tres presentan lesiones graves. Se presume que transportistas informales estuvieron detrás del ataque.
La misma semana, otro equipo de fiscalizadores fue embestido con palos y piedras en Cusco. Desde el Congreso, grupos de parlamentarios cercanos a los intereses del transporte informal intentan regularmente debilitar los pocos avances institucionales que se han logrado en el sector. Y desde hace un tiempo, la penetración de grupos criminales en empresas de transporte –a través del cobro de cupos y otras medidas de fuerza– es notoria.
Como se ve, no se trata únicamente de la regulación del transporte. Se trata también de imponer orden evitando que el crimen organizado siga ganando espacios. Esta es la valla operativa mínima que se le debe exigir a cualquier Estado. Y llegado el punto en que ni las empresas formales cumplirán la regulación para protestar en contra de quienes la incumplen habitualmente, la inevitable sensación que queda es la de un descontrol creciente y peligroso en las carreteras y más allá.
Fuente: El Comercio – Editorial