La Defensoría del Pueblo se dirigió al municipio de Lima y al ministerio de Cultura tras supervisar 30 casonas.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y al Ministerio de Cultura adoptar medidas urgentes para proteger la integridad física de las personas que habitan en 215 inmuebles históricos ubicados en el Cercado de Lima que han sido catalogados como de muy alto riesgo de derrumbe, informó la institución defensorial.
Dicha solicitud fue emitida ante el reinicio inminente del periodo de lluvias intensas en la capital, que tendrá lugar con motivo de la llegada del fenómeno El Niño.
La Defensoría del Pueblo indica que dicha calificación obedece a un proceso de evaluación de las condiciones actuales en que se encuentran los inmuebles, que llevó a cabo la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML.
En esta evaluación se incluye a distintas casonas, quintas y solares con carácter monumental, ubicados en parte del centro histórico y en zonas aledañas, pero que a su vez han sido declarados como inhabitables por su avanzado estado de deterioro.
No obstante, en el interior de dichos inmuebles habitan numerosas familias cuya integridad estaría en grave peligro ante el colapso de las viviendas que podrían provocar las fuertes lluvias.
Fue esta situación la que llevó a la sede defensorial Lima a organizar la supervisión de un grupo de estos inmuebles, que comprendió a más de 30 edificaciones monumentales ubicadas en los jirones Paruro, Santa Rosa (antes Miró Quesada), Ica, Junín, Huanta, Conde de Superunda, Callao, Cailloma, Ayacucho y Áncash.
El recorrido permitió encontrar algunos casos críticos como el del inmueble ubicado en jirón Junín 1454, donde el 80 % del predio se encentra colapsado y no cuenta con suministro de energía eléctrica.
Esta misma situación se evidencia en el inmueble ubicado en jirón Cangallo 270, que también se encuentra colapsado y sin energía eléctrica.
Asimismo, en los inmuebles ubicados en los jirones Cailloma 304 y 154, donde se requieren trabajos de emergencia para la estabilización de los techos y la intervención integral del inmueble, respectivamente.
El recorrido se llevó a cabo junto a especialistas del Ministerio de Cultura, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), del Programa para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
Frente a estos escenarios, desde la sede defensorial de Lima se solicitó el inicio de acciones inmediatas para proteger la seguridad e integridad de las personas, así como el valor monumental de los inmuebles, priorizando las que se encuentran en condiciones críticas.
El pedido fue dirigido por el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta, quien requirió al Ministerio de Cultura y a la MML adoptar medidas urgentes de protección del patrimonio cultural, que incluyan labores de apuntalamiento y protección en general de las casonas y otros inmuebles para evitar filtraciones de agua, con prioridad en aquellas con mayor antigüedad o cuyo material de construcción sea la quincha o el adobe.
Como parte del pedido, el representante de la Defensoría del Pueblo también pidió reforzar las medidas de seguridad para evitar la vulneración de los derechos fundamentales a la vida e integridad de las personas que ocupan dichos inmuebles, así como de quienes transitan cerca a estas viviendas.
Por ello, se solicitó disponer la identificación y señalización de las rutas de evacuación y puntos seguros de reunión ante desastres, implementando además sistemas de alerta temprana comunales en zonas de casonas o solares monumentales.
Asimismo, se pidió a la MML atender los requerimientos presupuestales que han sido solicitados por PROLIMA.
Estas acciones forman parte de un conjunto de medidas que se vienen desarrollando en todo el país por encargo del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, dirigidas a procurar que las autoridades de todos los niveles de gobierno adopten medidas oportunas a fin de salvaguardar los derechos a la integridad personal y evitar daños en la propiedad privada y en la infraestructura pública, como los registrados a inicios de este año durante el paso el ciclón Yaku, los mismos que podrían repetirse en los próximos meses con motivo de El Niño global.
Fuente: Andina